La combinación de la reducción en extremo de la movilidad humana y la brutal recesión económica de carácter global asociada a ella, significan un impacto de proporciones descomunales en la línea de flotación de la industria turística que se basa, precisamente, en la movilidad de las personas: sin movilidad no hay turismo, punto.
Un reciente estudio elaborado de manera conjunta por el Cicotur Anáhuac y el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) estima que la reducción del consumo turístico en el país en este 2020 podría situarse en el orden de 1.6 billones de pesos, poniendo en riesgo un millón de empleos y significando una posible reducción en ingresos fiscales federales de alrededor de 100 mil millones de pesos.
Con ello, si la caída del PIB nacional alcanza –como estiman diferentes especialistas–7%, más de la mitad de dicha contracción estará relacionada con el retroceso de la actividad turística. El reto que subsiste para que el turismo retome la senda del crecimiento es gigantesco.
Y en medio de este caos es sorprendente el frente que se abre desde el área jurídica de la Secretaría de Turismo, en contra del Presidente de la Asociación Nacional de Comités Ciudadanos de Pueblos Mágicos pues a través de un amenazador comunicado oficial –enviado por correo electrónico– se le recuerda que la marca Pueblos Mágicos es propiedad de dicha dependencia –parece difícil imaginar que fuera de otra forma–, señalándole que “… ha venido utilizando la marca dentro de sus comunicados coincidiendo con los servicios protegidos por la marca registrada a favor de la Secretaría de Turismo”.
¿Se utiliza –como señala la Sectur– la marca de Pueblos Mágicos en las comunicaciones de la Asociación los elementos de la marca Pueblos Mágicos? Muy probablemente sí. ¿Se hace con dolo o en búsqueda de un beneficio económico? No lo creo. ¿Puede la autoridad solicitar a un particular el que se abstenga de utilizar una marca propiedad de la dependencia? Sí, sin duda. Hasta aquí todo parece que discurre en un marco de normalidad. Lo que no lo es, es que un comunicado de esta naturaleza haya sido filtrado en medios y redes sociales. ¿Qué necesidad hay de hacer pública la amenaza de llevar al particular por este tema ante las autoridades judiciales? Francamente no se entiende la innecesaria rudeza.
El Programa Pueblos Mágicos es la más importante aportación de la política turística mexicana, desde el lanzamiento de los Centros Integralmente Planeados. Los atributos de las poblaciones y la denominación como un Pueblo Mágico le gusta a los visitantes y despierta, también, el interés de las comunidades por recibir beneficios concretos de una política pública al captarse los flujos turísticos.
Desde su diseño, una de las cualidades más innovadores de esta iniciativa fue la de dar un espacio protagónico a la sociedad civil de cada comunidad, a través de
la creación de Comités Locales que sirven para armonizar las expectativas de autoridades, visitantes y la propia población. Con independencia de que no siempre han funcionado de manera óptima, es claro que este rasgo abre la puerta a una nueva gobernanza del turismo en nuestro país.
Hoy, además de la propiedad de la marca, la Secretaría de Turismo no tiene muchos incentivos que ofrecer (como los tuve en el pasado) a las poblaciones que forman parte de este club. No hay más recursos presupuestales del gobierno federal para apuntalar el fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento de los sitios, tampoco hay recursos públicos federales para apoyar su promoción. Además, no parece que dadas las condiciones que se viven esto vaya a cambiar, sin olvidar, por otra parte, que las barreras de entrada y permanencia de las localidades en el programa no ofrecen las certezas que debieran (lo que, por cierto, no es responsabilidad de este gobierno).
Por todo lo anterior, en mi opinión, y a pesar de la desafiante coyuntura, es tiempo de pensar cómo se concreta la ciudadanización de este programa, lo que debería incluir, entre otras cosas, el consenso en el fortalecimiento de las finanzas locales para enfrentar los retos derivados de la atención a los visitantes; el puntual cumplimiento de los requisitos de entrada y permanencia de las localidades –sancionado por entidades no gubernamentales–; así como el aseguramiento de los adecuados mecanismos de participación ciudadana en el espacio local.
