La inminente constitución de una nueva legislatura, por lo menos en lo que hace a la Cámara de Diputados, revive las esperanzas de una muy maltrecha industria turística del país. Como hemos reiterado en este espacio editorial, es cierto que algunos segmentos y algunos destinos muestran una importante recuperación (en julio ya hubo más turistas norteamericanos ingresando por vía aérea que los reportados en el mismo mes de 2019) dicho proceso no es presenta de manera generalizada y, las empresas siguen sufriendo los efectos de la crisis y tardarán muchos años en ver reparados los daños de las profundas pérdidas recientes, asimismo, las pérdidas de empleos podrían situarse, todavía, muy por arriba de las 350 mil posiciones de trabajo.
La descomunal afectación a la actividad turística, sin duda, merecía un tratamiento emergente que los diputados que concluyen su gestión fueron incapaces de reconocer y, en consecuencia, de procurar, en un entorno en que en términos generales las empresas recibieron pocos apoyos gubernamentales.
Nunca antes una legislatura pudo haber hecho tanto por el turismo y nunca antes se mostró tanta falta de aprecio, desde el Poder Legislativo, por el significado que el turismo tiene para el bienestar de millones de familias mexicanas.
¿Cuántas y cuáles fueron las piezas legislativas impulsadas desde la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados que fueron aprobadas para contribuir a aliviar la situación del sector, ya fuera para estimular una decaída demanda o para subsanar, de alguna manera la situación de las empresas y sus trabajadores? La respuesta a esta interrogante es, realmente, lamentable: ninguna.
Ciertamente hubo múltiples reuniones entre empresarios y los legisladores de las diferentes fuerzas políticas, así como con los integrantes de las Comisiones de Turismo de ambas Cámaras, pero por falta de voluntad política, las peticiones fueron desechadas y nada concreto se alcanzó. En contraste no se puede dejar de mencionar que la legislatura que concluye impulsó tanto la desaparición de los recursos públicos provenientes del Derecho de No Residente que estaban etiquetados para la promoción turística del país, como la cancelación del Consejo de Promoción Turística de México, organismo nacido en 1999 producto de un acuerdo político entre el gobierno, todos los partidos políticos y los empresarios turísticos.
No deja de ser una extraña paradoja que siendo el Presidente de la Comisión de Turismo que este próximo martes cesará sus funciones, representante legislativo por Quintana Roo, sea, justamente, esta entidad aquella en la que, producto de los estragos de la pandemia en el sector turístico, más haya crecido la población que vive en niveles de pobreza en el periodo comprendido entre 2018 y 2020, de acuerdo con las estimaciones del Coneval, pues en tanto en el primero de estos años la proporción era de 30.2%, para 2020 esta cifra haya pasado hasta 47.5%, es decir, un aumento de 63.4% —el mayor de cualquier estados del país—, es decir 346 mil 500 personas adicionales ingresaron en dicha condición; con ello, luego de muchísimos años en que Quintana Roo mantuvo un nivel de pobreza por debajo de la media nacional, en la actual coyuntura se encuentra por arriba de dicho umbral (43.9%).
Luego de la instalación del Congreso y del inicio de actividades de la Cámara de Diputados iniciará la negociación y distribución de las comisiones entre los distintos partidos. En el pasado, con pocas excepciones, por el poco interés que reviste en la ‘real politik’ la Comisión de Turismo suele ser encabezada por un partido de oposición. Con independencia de ello, el turismo no puede darse el lujo de seguir esperando migajas legislativas. Parece que es tiempo de emprender una profunda labor legislativa que reconozca la importancia económica y social de la industria turística mexicana.
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