A dos semanas de la jornada cívica más grande, se han registrado cifras espeluznantes de violencia electoral. Es indudable que la inseguridad pública violenta es incontenible y que la delincuencia organizada se ha infiltrado en la competencia política por el dominio formal (electoral) de las demarcaciones territoriales. Según José Miguel Insulza Salinas, ex Secretario General de la OEA, en México suman 143 políticos asesinados desde que inició el actual proceso electoral, (septiembre 2020 a la fecha); la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC) reconoce que se han atendido 398 incidentes de violencia electoral, 148 tienen abierta la investigación y 250 quejas o denuncias.
Si ahora se cuestiona el tamaño y la complejidad de las instituciones y los procedimientos electorales, es indiscutible que responden a la exigencia de los partidos que no pudieron conquistar el poder por las urnas a lo largo de más de tres décadas. La tensión de la elección de 2006 y su evolución postelectoral hicieron más urgente perfeccionar legislación y competencias institucionales. Los comicios presidenciales de 2012 y 2018 se encauzaron por la vía democrática, los de 2021 preocupan bastante.
El proceso electoral en curso arroja estimaciones de resultados cerrados en medio de “guerra sucia”, violencia política y hasta se acusa de persecución oficial contra candidatos que amenazan derrotar a los candidatos del partido oficial.
En esa circunstancia, resulta imposible ignorar la hostilidad del Poder Ejecutivo en contra del INE y del TEPJF. En síntesis, se avecina un escenario plagado de impugnaciones electorales que esperamos sean zanjados por la vía de la legalidad.
¿La transparencia electoral ha sido un artículo superfluo? ¡No! Ni siquiera para los escépticos del entramado normativo e institucional que la propicia y la lleva a convertirse en un insumo al alcance de la sociedad.
La transparencia electoral inició en 1990 y ha sido y seguirá siendo vía para resolver la competencia por la representación política al frente de las responsabilidades de mandato legislativo y de la función del Poder Ejecutivo.
¿La transparencia ha servido para encauzar la decisión ciudadana de ejercer un sufragio informado? ¡Sí! De aquellas prolongadas etapas de las tinieblas públicas a nuestros días, los procesos electorales se han vuelto nítidos.
En cuanto existen y debe haber registros de lo que se hace y de sus costos y de lo que se dejó de hacer y sus efectos, huellas de la verificación de hechos.
Otra cosa es que exista la vocación de apertura genuina en los actores políticos, pero por ley deben acatar y observar esquemas de transparencia electoral.
La semana pasada, el INE y el INAI, lanzaron un micrositio para orientar de manera amplia los “datos duros” del proceso electoral en su faceta final, a través de un buscador digital se puede acceder a la más detallada y precisa información sobre todos los números y las variables de la nomenclatura de instituciones electorales, candidatos, partidos y hasta los padrones afiliados. Así se podrán despejar dudas simples o de mayor complejidad para acudir a votar con mejor información, lo que incluye rechazar la violencia y las invocaciones a la impunidad a través del sufragio. La transparencia proactiva y el acceso a "datos abiertos" estimula a la ciudadanía a incidir en la toma de decisiones colectivas.
