Si la entonces PGR, ahora Fiscalía General de la República (FGR) no ha completado la tarea para acusar ante juez competente a los responsables de Odebrecht y Agro Nitrogenados, no es por culpa de la transparencia. Todas las instituciones y dependencias involucradas en Odebrecht y Agro nitrogenados lo han impedido de manera sistemática desde finales del sexenio pasado y en lo que va del actual a través de juicios de amparo.
En lo que se refiere a Odebrecht: Pemex, el Sindicato Petrolero, la PGR y la FGR, han evitado por todas las vías abrir la información cuando el INAI les ha ordenado.
Sobre Agronitrogenados también a través de juicios de amparo: Bancomext, Nafin, Banco Azteca y FGR. Ambos casos a pesar del escándalo, son formalmente secretos oficiales por razones jurídicas y de repente, brotaron filtraciones probablemente inexactas.
Jueces de Distrito desde hace cuatro años han contribuido a frenar instrucciones del INAI con suspensiones definitivas, hasta llegar a la SCJN que en algunos casos han ampliado inevitablemente el periodo. El Inai ha ido ganando en más de 25 casos de Odebrecht durante 4 años y 8 de Agronitrogenados de noviembre del 2017 a la fecha.
La extradición del ex director de Pemex (resultado de un pacto con la FGR) no ha significado verdadera voluntad política de hacer justicia. Ahora urge transparencia para esclarecer si ese acuerdo incluyó lo que parece un certificado de impunidad para el extraditado bajo la coraza de “testigo colaborador”.
Exento de pisar el reclusorio y desde su casa ha comenzado a acusar a otros probables implicados, el caso es que aporte pruebas para que sus acusaciones no sean sólo distractores sino la revelación de elementos idóneos para enjuiciarlos.
En urgente que la FGR cumpla la resolución del INAI que le ordenó abrir en versión pública la averiguación previa a mediados de 2018. ¿Por qué? Porque en esa averiguación previa consta a quienes se identificó como primeros presuntos responsables y en la que seguramente se fueron incluyendo más actores y urge saber a qué funcionarios o ex funcionarios públicos fueron relacionados y eso importa, porque, existe el peligro que para darle valor a la versión del extraditado “testigo colaborador” se alteren datos y elementos originales. En el caso de Agronitrogenados urge se esclarezcan los elementos que rodearon la compra de las plantas de AHMSA por el ex director de Pemex cuyos créditos otorgados por Nafin y Bancomext suman a más probables involucrados, acaso no todos los que estuvieron desde el principio de la averiguación previa y pudiera haber modificaciones derivadas del acuerdo con el extraditado, en quiebra a la verdad histórica del caso.
Por tanto, resulta absurdo que se pretenda acusar la falta de transparencia de esos casos. La transparencia ha sido combatida por el gobierno anterior y también desde su creación la FGR a principios de 2019, se ha comportado en rebeldía respecto de las resoluciones del INAI, igual que lo hizo la PGR.
Sin transparencia no habrá justicia en ambos casos, menos aun cuando se atravesó un acuerdo de la FGR con el principal presunto responsable (Emilio L), para extraditarlo en condiciones de “testigo colaborador” con base en una interpretación del “criterio de oportunidad” que prevé la ley, aunque no queda claro si ese criterio aplica y menos si pudiera derivar en una quiebra al principio de legalidad que se antepone al principio de oportunidad (propio de soluciones pragmáticas y no necesariamente jurídicas).
