La revelación de los nombres y los montos de los créditos fiscales perdonados durante 2007 a 2015, fue ordenada por el IFAI y luego por el INAI al SAT, y, arrancaron toda clase de reacciones sociales, desde asombro hasta malestar. Del bloque de condonaciones y cancelaciones de créditos fiscales ya pudimos conocer la mayor parte, la que equivale a 170 mil millones de peso divididos en 21 mil créditos que benefició a 15,000 empresas y/o empresarios, además de organismos públicos como gobiernos y alcaldías.
Pero, sigue pendiente aún conocer la otra parte, la que abarca más de 100 mil millones de pesos, pero solo entre 201 beneficiaría por lo que se especula que se trata de créditos perdonados-en promedio- mucho más grandes que los primeros.
En 2007 se autorizó en el Congreso de la Unión la cancelación de créditos fiscales por más de 70 mil millones de pesos. Una inmensa suma, equivalente en ese año, al programa social más grande de aquel gobierno (“oportunidades”).
Y, efectivamente, se concedió una amnistía muy grande para deudores fiscales de alto perfil. Solo que, aquella, no fue un perdón de deudas fiscales masiva motivo del adeudo de impuestos, pero no por causas similares como las que puede generar un desastre natural o una crisis financiera internacional tremenda, sino por una decisión política administrativa. Se trató de esa y de otras subsecuentes adoptadas discrecionalmente, por razones indiscutiblemente selectivas, destinada a contribuyentes de amplia capacidad económica por eso, la Organización Internacional de la sociedad civil Fundar (capítulo México), las ha denominado “privilegios fiscales”. Fundar inició con el uso de la herramienta de solicitudes de acceso a la información que tras ser rechazadas por secreto fiscal fueron al IFAI y luego al Inai que ordenaron su apertura.
Las Condonaciones fiscales,
¿Son Legales o ilegítimas?
A partir de aquel 2007, Fundar y otras OSCs comenzaron a reclamar información al SAT para conocer los montos y los beneficiados de cada crédito fiscal cancelados y/o condonado.
La lógica de la duda era técnicamente obligatoria dado que la cifra global equivalía al programa social asistencial para beneficiar a millones de mexicanos hundidos en la pobreza.
La legítima exigencia cívica -saber esa información- descansa en la reflexión urgente en torno a la conciliación de los principios constitucionales de la proporcionalidad fiscal y el de igualdad rumbo a la equidad. Así podría verificarse la armonía de la función del Estado regulando y estimulando la competencia económica, y, ayudando a los más pobres a dejar de ser tan pobres.
Cabré preguntarnos:
¿Eran legales esas condonaciones fiscales? Sí.
¿ Eran legítimas? ¡no todas! Acaso muy pocas, por ello la resistencia de los beneficiados a mantener sus nombres y los montos en secreto.
Una de las tareas más difíciles del Estado y, por tanto, más incomprendidas para la población “económicamente activa”, es la de recaudar los impuestos y, respectivamente, para el ciudadano contribuyente, el pagar oportunamente los impuestos.
Se les denomina así porque son impuestos. No son consultados a la población, los debe pagar y hacerlo con exactitud.
Se asegura como una prerrogativa constitucional que, la carga fiscal debe ser proporcional y equitativa y esto tiene que ver con la objetiva cifra que resulta de sumar ingresos y restar deducibles legales. Desde luego, cuando hablamos de la proporcionalidad y la equidad impositiva, además de hablar de que cada quien pague los impuestos que le correspondan pero, que todos los que deban pagar impuestos, con independencia del monto a pagar, lo hagan. Esta es la clave, que nadie se escoda para no pagarlos.
Para que la ecuación de la proporcionalidad y la equidad fiscal acontezca se precisa estar situados en un contexto de economía formal en el que cada peso que se gasta o recibe tiene un seguimiento instantáneo. Cada peso deja su huella de origen a destino.
En México la economía formal ha venido creciendo por las disciplinas democratizadoras.Sin embargo, prevalece en paralelo una gran economía informal ( mercados negros en donde fluye dinero clandestino). La informalidad es la madriguera en la que se esconde del fisco el dinero sucio por venir de giros indebidos y también el dinero limpio de mucha gente que recibe envíos en dólares de sus familiares gracias a lo cual viven acá en sus comunidades de origen. Una parte muy grande del circulante de dinero es en efectivo y en la informalidad. Con mayor razón urge que el SAT recaude el pago de impuestos que debe recaudar, antes de hacer condonaciones y menos aún de proporciones muy grandes.
Finalmente, regreso al origen del texto. La trascendencia de los fallos de los jueces de amparo que después de cuatro años reconocieron que al no haber ya “secreto fiscal” sobre la información de créditos fiscales cancelados o condonados. El SAT hizo entrega de la información en formatos abiertos a Fundar y en unas horas se sabía quienes fueron los afortunados que consiguieron ese trato de privilegio. Naturalmente, saltaron a las columnas de la prensa escrita y a los foros mediáticos y redes sociales gente famosa y, no pocos que al saberse expuestos acudieron a pretextar que no sabían cómo y cuándo eso hubiera ocurrido, acaso un error del contador público. En fin, no le corresponde especular ni criticar a ningún famoso que hubiera quedado en la lista esa, cada caso merece ser conocido y entonces valorar la congruencia o la incongruencia que pudiera haber al respecto.
Lo que si debo mencionar es que, los 201 beneficiados por las condonaciones de 101 mil millones de pesos también siguen siendo un misterio porque se ampararon para que no se cumplan las resoluciones del Inai que ordenaron al SAT poner la lista de nombres y montos. Y, también fueron afortunados los 201 beneficiados por los jueces de amparo que, les han brindado anonimato. Paradójicamente, gracias a la transparencia pública se debe saber el nombre y la más mínima ayuda social ( una beca o una despensa) y no las grandes sumas de dinero que nunca entró en las arcas públicas. La transparencia fiscal es pilar de la democracia.
Los jueces de amparo que retienen esa información en manos del SAT, creemos, pronto la liberarán para beneficio público
