La pobreza del erario refleja la de la población, causada por el escaso crecimiento económico y de empleos de los últimos 35 años. Con la mitad de la población en pobreza y un bajo ingreso por habitante, la recaudación es y seguirá siendo exigua.
Bajo ese escenario, la Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI), elaboró un estudio sobre las condiciones en que se encuentra el actual sistema tributario de México, en el cual concluye que urge poner fin al centralismo que ha agravado la penuria de los estados y municipios, atacar la informalidad y no gravar más a las empresas.
Ningún país ha acelerado el crecimiento económico y el ingreso de su población aplicando altos impuestos.
En esto debemos enfocarnos y no en aumentar constantemente impuestos a las empresas. La alta recaudación proviene de altos ingresos de los habitantes, reducción de la desigualdad y la informalidad, así como de la multiplicación y crecimiento de empresas competitivas y vibrantes.
La problemática es dual por un lado los bajos ingresos personales y por otro la informalidad que incluye a cerca de 701,000 personas que,entre el universo de pobreza del sector, tienen capacidad contributiva, pero son actualmente inalcanzados por el SAT.
Ante las condiciones imperantes es recomendable el establecimiento de convenios con los estados y municipios para fiscalizar al segmento informal pobre, incentivándolos con participarles el 50% de la recaudación incremental durante 5 años para inducirlos a fiscalizar activamente a este sector.
Sugerimos se permita la deducción parcial en el ISR de personas físicas de honorarios médicos, legales, notariales y rentas, para incentivarlos a solicitar recibos de profesionales y empresas que normalmente no facturan.
Las conclusiones del estudio de la ANEI “Un sistema tributario eficiente y equitativo” son contundentes, destacan que el 58.2 por ciento de la población en México se encuentra en la pobreza, lo que refleja una alta concentración del ingreso; el 55. 1% de la economía se encuentra en la informalidad; así como la pobreza de los ingresos fiscales estatales y municipales.
Por ello, considerando la capacidad real de la economía mexicana y que la primera demanda de la población es trabajo y oportunidades, no es realista pensar en implantar un estado de bienestar. El costo involucrado quebraría al gobierno y al aparato productivo y sería contraproducente al castigar la inversión y el empleo.
Bajo el escenario actual, la causa de nuestra falta de desarrollo y bienestar no es la falta de ingresos fiscales, sino su consecuencia.
La falta de crecimiento y el escaso incremento en el ingreso per cápita que hemos experimentado, se debe a la incapacidad política de lograr elevar el crecimiento del ingreso aún con las carencias que conlleva el subdesarrollo, lo que ha estancado el aumento de ingresos fiscales.
La clara indefinición entre adoptar un modelo liberal capitalista o un estado de bienestar y el arraigado centralismo explica parcialmente la falta de crecimiento y las diferencias comentadas.
Las tasas de los impuestos en México son ya elevadas, especialmente para las empresas, pero también para las personas físicas. Además, el cumplimiento de las obligaciones fiscales es laborioso por lo que nuestro país se ubica en el penúltimo lugar de 130 en cuanto a competitividad fiscal.
Además, los ingresos de las entidades subnacionales son mucho menores en México que en la OCDE y en Estados Unidos. Esta situación claramente refleja el centralismo existente y la inadecuada organización federal mexicana.
Situación que podría revertirse con una reforma fiscal que aumente los ingresos estatales y municipales, la cual sería oportuna, considerando la determinación de no subir o crear impuestos federales.
La realidad es que el centralismo político ha agravado la tradicional penuria de estados y municipios y la dependencia en transferencias y aportaciones federales. Esta situación no ayuda a mejorar la calidad y oportunidad del gasto público y desanima el esfuerzo fiscal de las entidades.
Por ello, se debe de incentivar el esfuerzo recaudatorio local mediante disposiciones que premien con mejores apoyos a quienes se esfuercen más en ejercer la presión fiscal y o no al revés.
Es conveniente el establecimiento de convenios federación, estados y municipios donde se establezcan metas de esfuerzo fiscal con incentivos económicos y políticos adecuados.
A la vez, como parte de esta estrategia, pudiera establecerse la actualización obligatoria de los catastros municipales y su actualización inflacionaria automática. Urge en México una política fiscal que impulse y no que frene el crecimiento económico.
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