Desde la promulgación de la Constitución de 1917 han ocurrido cerca de 20 cambios en la Jefatura del Estado, más de 15 desde la toma de posesión del General Cárdenas en 1934, que fue el primer presidente que estuvo 6 años al frente del Poder Ejecutivo.

Evidentemente, al ser la toma de posesión un fenómeno que se ha desarrollado desde hace más de 80 años, ha dado lugar a situaciones políticas y sociales diversas; a personalidades y características distintas, así como variedad en las modalidades que han revestido las ceremonias, no sólo en la forma, sino en sus consecuencias.

Desde la configuración de un partido predominante durante el siglo XX, la esencia misma del sistema político mexicano requería la utilización de métodos ocultos para la población que garantizaran la designación del nuevo Presidente, de su equipo, y, lo que era más importante, para que quienes no eran beneficiados por esa determinación siguieran siendo fieles a aquel y se “disciplinaran”, según la terminología de la época. Esto permitía la continuidad del sistema, la aceptación del fracaso y que los miembros de fuerzas políticas distintas se conformaran con los premios de consolación que caerían una vez que tomara posesión el nuevo Presidente.

En el año 2000, por primera vez en la historia de México, se presentó alternancia respecto al partido al que pertenecía el nuevo jefe de Estado y, con ello, se produjo quizás la mayor reforma política realizada en el país desde 1917. Aunque no fue una reforma constitucional formal, fue profunda, absoluta y prácticamente total.

Representó una modificación de ese código que no se encontraba en la Constitución, pero que existía fácticamente, pues los actores políticos de todos los partidos los consideraban legítimos y se plegaban a ellos. Se trataba, así, de facultades metaconstitucionales del Ejecutivo que, sin encontrarse asentadas en un texto legal, eran acatadas por todos. El Poder Legislativo y sus Cámaras, el Poder Judicial, los gobiernos estatales y los propios partidos de oposición sabían que, para el buen funcionamiento de la estructura gubernamental, pero sobre todo para asegurar su permanencia en el poder, debían respetarlas.

Profesor Facultad de Derecho, UNAM