El primero de octubre cambió el titular del Poder Ejecutivo federal; como toda transición de esa naturaleza, despertó entre los mexicanos una serie de sentimientos variados: confianza, temor, alegría, preocupación, pero, en el fondo, dábamos un voto de confianza a quien asumía esa responsabilidad.
Después de un mes, aunque es un plazo insuficiente para hacer un balance o una evaluación, la mayoría de los mexicanos tenemos, en el mejor de los casos, un profundo desconcierto. Luego de un discurso inaugural cuidadoso, bien escrito, que nos hacía suponer un cambio no sólo en la forma sino también en la conducción del Ejecutivo federal, en estos días no hemos encontrado líneas claras, ni siquiera preliminares, de los asuntos que más importan y preocupan a los mexicanos como esperábamos: seguridad, educación, salud, las relaciones con el mundo o cuando menos un esquema de los intereses y esfuerzos a los que se va a dedicar la administración pública durante los próximos seis años. En lugar de eso, nos hemos encontrado con la misma premura de los últimos meses del sexenio anterior para acelerar una reforma constitucional anunciada, así como otras de nuevo acuño que nos distraen de los problemas fundamentales del Estado y que, cuya inclusión, solo abre nuevas disputas entre los mexicanos.
En lugar de permitir una discusión tranquila, meditada y profunda sobre la factibilidad práctica de la implementación de estas modificaciones, en la que se puedan considerar los pros y los contras de las repercusiones políticas, administrativas, jurídicas y sociales que traerán aparejadas, al contrario, las opiniones se alejan cada vez más unas de otras y el desinterés en lograr acuerdos se hace evidente con la premura con la que fue aprobada en el ámbito federal, sorpresivamente acompañada con la noticia de que, en poco más de 12 horas, 15 estados de la Federación habían aprobado las reformas propuestas. Esta celeridad solo hace patente la sumisión absoluta e incondicional de los gobernadores y de los congresos locales formados por legisladores a las órdenes recibidas.
Profesor Facultad de Derecho, UNAM
