Hace unas semanas, el 4 de octubre, se conmemoraron 200 años de la promulgación de la Constitución de 1824. Ese día, a las 12 horas, los diputados constituyentes reunidos en el templo de San Pedro y San Pablo, actualmente Museo Universitario de las Constituciones, empezaron a suscribir el documento que a las 5 de la tarde llevarían en procesión hasta Palacio Nacional, para ponerlo en manos del Presidente de la República, Guadalupe Victoria, y que fuera promulgado, logrando con ello que México, por primera vez, entrara por la ruta constitucional con paso firme y propio.

Hasta ese momento el país había tenido normas supremas de diferente tipo; algunas impuestas, como Bayona y Cádiz; otros intentos válidos pero insuficientes, como fueron los Principios Constitucionales, los Sentimientos de la Nación, Apatzingán y el carnavalesco y frívolo intento de Iturbide. Con la Constitución de 1824 se puso punto final a un sistema jurídico de carácter central, unipersonal, autoritario e inflexible; y, con su expedición inicia el proceso, lento pero seguro, de consolidación de la Nación mexicana.

Un grupo humano no se convierte en Nación de la noche a la mañana, pero el cuatro de octubre inició el recorrido de ese camino que culminaría, casi un siglo después, con la expedición en 1917 de un documento jurídico, político y social que emanó de la Revolución Mexicana.

Es necesario rendir homenaje a quienes idearon y establecieron por primera vez en habla castellana una organización política republicana y federal, que contaba con un equilibrio entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y, lo que fue más importante, un equilibrio, hasta entonces inexistente, entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados federados.

Las vicisitudes del siglo XIX nos hacen volver la vista atrás y reconocer los méritos de quienes nos han precedido, pero, sobre todo, reitera la obligación moral y personal que tenemos de defender las decisiones jurídicas y políticas fundamentales que nos están rigiendo y que en estos momentos se ven seriamente amenazadas.

Profesor Facultad de Derecho, UNAM

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