Hay instituciones que en ciertos momentos están en boga y en otros parece que son inoperantes e incluso se llega a considerar que deberían desaparecer.

La institución internacional más antigua de la que se tenga memoria es el asilo; los primeros datos surgen en Mesopotamia, cuando los perseguidos por delitos del orden común podían resguardarse en el templo del Dios Asilo para evitar la detención; con algunas variantes, esta posibilidad ha permanecido desde entonces para proteger a quien tiene necesidad de cobijo.

En Grecia y en Roma se reconoció con algunas limitaciones, pues los esclavos, al no ser considerados personas, no podían ser protegidos; en la Edad Media, la protección se da únicamente para los perseguidos del orden común, ya que quienes lo eran por causas políticas no contaban con ese derecho debido a que los monarcas y los señores feudales, solidarios unos con otros, no tenían interés de proteger a nadie que atentara contra su derecho divino.

Hay que llegar a la Edad Moderna para que la protección se dé hacia los perseguidos por razones políticas por encima de los que lo son por razones del orden común, con altas y bajas en los siglos XIX y XX y, en particular, en los albores de la II Guerra Mundial, donde sirvió para proteger a sujetos perseguidos por la sinrazón y el odio.

Durante el siglo pasado el asilo político fue fundamentalmente una institución latinoamericana, tanto por la nacionalidad de los perseguidos como por los países que lo otorgaron. Hay casos históricos que indignan y llenan de oprobio a los países que los ocasionaron, independientemente de la simpatía o no que nos produzcan quienes fueron objeto de la persecución, por ejemplo: la protección del presidente Manuel Azaña en la embajada de México en Francia; el asilo en un barco en medio del Río de la Plata; el larguísimo de Haya de la Torre; el del doctor Cámpora y de su hijo; así como la actitud de México cuando las dictaduras militares se enseñorearon en el Cono Sur de nuestro continente.

Hace poco se presentó un caso vergonzoso entre Ecuador y México. La actitud del gobierno ecuatoriano de exigir la entrega de un asilado en nuestra embajada carecía de fundamento; la reacción de violar un territorio sujeto a inmunidad diplomática pone en entredicho la legitimidad de ese gobierno y lo convierte en un delincuente internacional.

Profesor Facultad de Derecho, UNAM

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