El próximo domingo 18 de octubre por fin irán a las urnas los electores de la convulsionada Bolivia a elegir al nuevo presidente, vicepresidente, senadores y diputados, luego del golpe de Estado que la oposición, con el apoyo de las fuerzas armadas, dieron a Evo Morales al considerar ilegítima la elección que le daba el triunfo para un cuarto mandato.
El que las votaciones sean hasta ahora se debe a los cambios de fecha, ya que inicialmente debían ser el 3 de mayo, pero se pospusieron para el 6 de septiembre como precaución por la pandemia del Covid-19 y, finalmente, el órgano electoral definió el 18 de octubre, obligado no sólo por la presión de diversos actores políticos locales e internacionales, sino además, por las crecientes protestas sociales debido a las continuas demoras intencionales.
Pero es precisamente por todo lo que ha ocurrido en el último año en la atribulada Bolivia, que el futuro de dicha nación depende de lo que ocurra este domingo.
Por un lado, pende de un hilo alcanzar la paz, pues la violencia desatada después del golpe de Estado ha dejado más de 35 muertos y casi un millar de heridos. A esa situación, se suma un ambiente electoral muy polarizado que cada vez más separa la posibilidad de una convivencia pacífica después de las elecciones, pues se han presentado enfrentamientos violentos entre los militantes de los partidos durante los últimos meses, dejando numerosos heridos en cada bando.
Se ha sembrado demasiado odio, en especial por parte de la presidenta interina Jeanine Áñez que, junto con otros partidos y sectores de derecha, han declarado a los cuatro vientos que no permitirán de ninguna forma el regreso al poder del Movimiento Al Socialismo (MAS). Hay que recordar que fue ella quien emitió un decreto por el cual las Fuerzas Armadas fueron absueltas de cualquier responsabilidad en caso de excesos de violencia hacia los manifestantes que se movilizaron contra su gobierno. Ha sido tal la situación, que incluso un informe de Human Rights Watch (HRW) en el pasado mes de septiembre, denunciaba que la presidenta estaba abusando del sistema de justicia para perseguir a colaboradores y partidarios del expresidente Evo Morales, acusándolos de cargos por terrorismo sin verdaderas pruebas, con cargos infundados o desproporcionados, violaciones del debido proceso, limitando la libertad de expresión y con un uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva.
La credibilidad del sistema electoral está a prueba, ya que los candidatos de derecha e izquierda han hecho explícita su idea de no aceptar el triunfo de sus opositores. Han llegado incluso a manifestar que harán valer sus eventuales victorias en las calles y al precio que sea. Pero no sólo son las autoridades electorales las que tienen un gran reto, los poderes judicial y legislativo deben emprender un proceso de consolidación de su autonomía y verdadero respecto a las leyes y la constitución nacional, para que la sombra de la dictadura desaparezca.
Está en juego la geopolítica de la región, que se debate entre los intereses de quienes ven en Bolivia la oportunidad de liberar a este país de la influencia del socialismo y contribuir a consolidar a la derecha en la región y, entre los que ven a los responsables del golpe de Estado, como los propiciadores del saqueo que viene de los recursos de la nación en beneficio del capital extranjero, así como de la destrucción de los principios pluriétnicos y democráticos latinoamericanos.
No se sabe a ciencia cierta quién ganará, si el exministro Luis Arce del MAS que lleva una leve ventaja, o los candidatos de derecha Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, lo casi seguro es que habrá una histórica segunda vuelta. La realidad es que hay una gran preocupación internacional por lo que pueda pasar después de las elecciones, al punto que representantes de la ONU, la Unión Europea y la Iglesia, han emitido un comunicado conjunto en el que expresan su preocupación por la violencia política y solicitan a los actores involucrados buscar un clima de paz.
La gravedad de lo que viene aconteciendo en Bolivia, donde sobresale el golpe de Estado perpetrado meses atrás, así como la violación de derechos humanos, la falta de autonomía de los poderes y una polarización social y política que se manifiesta en discursos y acciones violentas que no parecen tener fin, hace pensar que independientemente de quien triunfe este domingo o en la segunda vuelta, el país y la democracia ya perdieron.
Investigador CIALC-UNAM
