El día de ayer la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia colombiana dictó en decisión unánime medida de aseguramiento en contra del hoy senador Álvaro Uribe por los presuntos delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal. Dicha decisión marca un hito en la historia política y jurídica del país ya que por primera vez se impone una medida de este tipo a un exjefe de Estado. Esta no es la única ocasión que el expresidente está en líos judiciales ya que tiene más de doscientas investigaciones, sin que alguna se hiciera efectiva como ocurrió con la que está en curso.
Y es que llegar a esta decisión jurídica no surgió de la noche a la mañana, tiene su origen en el año de 2012 cuando el senador de izquierda Iván Cepeda denunció que Álvaro Uribe y su hermano Santiago estaban relacionados con la formación de grupos paramilitares, denuncia que repitió dos años después en un debate ante el congreso. Resultado de ello, fue que el expresidente Uribe radicó en la Corte Suprema una acusación contra el senador Cepeda por supuestamente ofrecer dineros y beneficios jurídicos a exparamilitares para declarar en su contra. Es aquí cuando tiene su primer revés el actual senador Uribe, ya que la Corte Suprema de Justicia después de seis años de análisis de las pruebas de las partes involucradas archivó la denuncia contra el senador Cepeda, pero además, ordenó abrir investigación al expresidente por la presunta manipulación de testigos en el caso del exparamilitar procesado Juan Guillermo Monsalve, quien fue el que vinculó al expresidente Uribe con la creación del bloque Metro de las Autodefensas que operó en Antioquia, estado del cual fue gobernador Uribe y desde donde se considera que crecieron y se protegieron grupos paramilitares y de autodefensa. No podemos olvidar, que estos grupos son uno de los principales actores de la violencia colombiana desde los años ochenta, que han cometido masacres, están vinculados con actividades del narcotráfico, asesinatos a líderes sociales y la violación de derechos humanos.
Lo que hizo la Corte Suprema entonces fue revisar si hubo intento de manipular las versiones originales de Juan Guillermo Monsalve a través de terceros, lo que involucra al abogado del expresidente Diego Cadena, quien para la corte se reunió con este y varios exmiembros de grupos paramilitares para que a cambio de dinero y favores jurídicos, testificaran a favor del senador Uribe. Pese a que el expresidente negó que sabía de las actuaciones de su apoderado judicial, aquí sufre su segunda derrota ya que este abogado en audiencia recientemente fue imputado por la Fiscalía por soborno y fraude procesal y se pidió detención domiciliaria.
Por tener fuero de congresista, Uribe es investigado por la Corte Suprema bajo la Ley 600 del 2000 que tiene un procedimiento específico. Dicha investigación de la Corte, no ha estado exenta de presiones, ya que se han dado sobrevuelos de drones sobre la sede, se encontró un micrófono en el despacho de uno de los magistrados, el presidente Duque y otros políticos han manifestado públicamente el respaldo a su mentor. En particular, por parte del partido de gobierno el Centro Democrático, algunos de sus partidarios plantearon de forma irresponsable alzamientos civiles si Uribe era juzgado, lo que fomenta mayor polarización política y social.
Álvaro Uribe es sin duda el político más influyente del país en los últimos veinte años, que no solo logró tener dos mandatos presidenciales, hacer cambios en la constitución, dar golpes importantes a la guerrilla de las FARC y lograr la derrota del plebiscito por la paz. Sin embargo, es también alguien a quien además de ser sospechoso de la formación de grupos paramilitares, fue en su gobierno donde ocurrieron los falsos positivos, esa práctica de asesinar campesinos y jóvenes para hacerlos pasar como bajas de la guerrilla, a quien se le atribuyen la persecución y espionaje a líderes políticos sociales y opositores, así como el principal opositor a un proceso de paz que desmovilizó a la guerrilla de las FARC.
Que la Corte Suprema de Justicia decidiera el aseguramiento del senador Uribe, es sin duda algo muy positivo para la justicia y la rendición de cuentas, para la consolidación de la democracia en el país, consolida la separación de poderes y envía un fuerte mensaje para Colombia y la región, de que ninguna persona independiente de su poder político y económico, está por encima de ley.
