En días pasados fue capturado Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente colombiano Gustavo Petro, quien fue acusado en marzo de este año por su expareja Day Vásquez de recibir dinero de empresarios que supuestamente irían a la campaña presidencial de su padre, señalando además, que se había relacionado con personas del mundo del contrabando y del narcotráfico, y que condujo una camioneta que pertenecía a un contratista del Gobierno. Este testimonio de la expareja, sirvió para que la Fiscalía General de la Nación desde ese momento iniciara una investigación, donde incluso se usó un agente encubierto plantado en su esquema de seguridad, lo que terminó con su captura y la acusación formal por lavado de activos e enriquecimiento ilícito, al igual que a Day Vásquez, señalada a su vez de lavado de activos y violación de datos. Nicolás Petro ha manifestado su intención de colaborar con la fiscalía, por lo que ya con el caso en manos de un juez se dará inicio a un juicio que puede tardar entre uno y dos años dependiendo del proceso mismo y que de ser hallado culpable podría pagar una condena de más de diez años.
Ante el impacto político de la noticia, desde un primer momento el Presidente Petro ha pedido a la fiscalía que investigue, ha sido claro en manifestar que tanto su nombre como su cargo están por encima de cualquier vínculo familiar, pues su compromiso es con el país y con lograr la paz. De igual forma, enfatizó que respetaría el trabajo de la Fiscalía y no intervendría de ninguna forma, lo cual deja un antecedente importante en la historia del país. Como es de suponer, este hecho es un duro golpe al presidente Petro en lo personal y lo político, pues aunque ha tenido un apoyo de diversos actores políticos, por otra parte, una enardecida oposición se ha ido con todo contra el mandatario. Sin duda, lo ocurrido tendrá dos consecuencias políticas inmediatas; por un lado, sus opositores en el congreso cerraran filas para continuar evitando que sus propuestas de reforma a la salud, en lo laboral y lo educativo se puedan hacer, por considerarlas contrarias a sus intereses y, por otro lado, los efectos se harán sentir en la próximas elecciones regionales de octubre, donde estos escándalos servirán de fundamento para que la poderosa maquinaria política tradicional recupere el poder regional que había perdido.
Algo importante a destacar de lo ocurrido con la captura del hijo mayor del presidente Petro, es la celeridad y pasión del Fiscal General en este caso, con un actuar personal e institucional totalmente distinto a cuando inició su función en el gobierno de su gran amigo y compañero universitario Iván Duque. En ese tiempo, su labor se dedicó a cuidar los intereses de su presidente evitando que progresara una investigación sobre compra de votos en la campaña de Duque, donde el actor principal era un mafioso que salía en múltiples fotos y videos con Duque y Uribe. En lo referente a uno de los mayores casos de corrupción del país y de la región como fue Odebrecht no ha mostrado mayor interés de juzgar culpables. De igual forma, dedicó todo su poder en proteger a Uribe por los delitos de lesa humanidad por las masacres del Aro y La Granja, investigaciones en las cuales existen pruebas contundentes contra el expresidente, en esos casos, trabajó para que la investigación se paralizara e incluso buscando la preclusión de estas y todas las investigaciones en curso. El diferente actuar del fiscal Barbosa, por un lado atacando ferozmente toda acción y pronunciamiento del presidente Petro y, por otra, protegiendo a sus amigos y jefes demuestra que ha reducido la institución en un aparato político implacable.
Es muy lamentable que familiares y amigos de los presidentes terminen involucrados en casos de corrupción, pero más reprochable es que la justicia y, en este caso una institución tan importante como es la Fiscalía General de la Nación colombiana que debía caracterizarse por su objetividad, por velar por la protección del Estado de derecho y la justicia, actúe con un doble rasero; persiguiendo a unos actores políticos, pero protegiendo a toda costa los interés de quien los nombra. Mientras este tipo de prácticas sigan siendo pan de cada día en nuestras naciones la corrupción seguirá creciendo, la impunidad se mantendrá en el poder y la justicia seguirá en deuda con la democracia.
