El pasado domingo la asamblea legislativa de la Republica de El Salvador aprobó por mayoría la ley del estado de excepción, con lo cual el gobierno de Bukele busca contrarrestar la ola de violencia de las últimas semanas que se le atribuye a las pandillas, en particular, a la Mara Salvatrucha. Estamos hablando de una figura que es muy cuestionable por las restricciones en materia de derechos humanos que implica, y porque la experiencia muestra que siempre que se ha usado, son más los problemas que genera que los que soluciona.
Mediante esta decisión se suspenden diversas garantías constituciones como es la libertad de asociación, el derecho a una defensa patrocinada por el estado en los tribunales, se promueve la detención masiva, que puede ocurrir de forma administrativa por 15 días y sin el derecho a la defensa por el tiempo que dure esta medida extraordinaria. También se suspende la prohibición de la intervención de las telecomunicaciones sin autorización judicial, al igual que favorece que se puede violar la correspondencia sin que sea necesaria una orden judicial. Hay que recordar que desde los Acuerdos de Paz, no se había decretado una medida igual por razones de violencia, salvo las restricciones que se dieron recientemente por la pandemia.
Además de los derechos que se limitan, es muy preocupante que semejante decisión no tuviese una mayor discusión en el congreso salvadoreño, que por el contrario, aprobó de forma exprés la suspensión de algunas garantías constitucionales. Esto no es raro, ya que el partido Nuevas Ideas de Bukele es mayoría en la asamblea. Asimismo, preocupa el tiempo que pueda durar, pues aunque está establecido por la constitución que solo puede estar vigente por 30 días, el gobierno tiene la potestad de solicitar la ampliación de su vigencia. Tampoco puede desconocerse el hecho que estamos hablando de un país en el cual no es que queden muchas instituciones democráticas independientes. La misma historia de la región latinoamericana muestra el error de semejante decisión, pues en aquellos países donde se ha implementado esta figura de forma constante - Colombia es un excelente ejemplo -, los gobiernos se aprovecharon de esta acción constitucional para mandar sin mayores restricciones y no pocos abusos.
No es con decisiones violentas, antidemocráticas que se combate la violencia, sin embargo, ese parece ser el único camino que entiende la actual administración salvadoreña, que ya de tiempo atrás ha mostrado que le gusta las acciones de fuerza. Hay que recordar cuando el presidente Bukele mando al ejército al Congreso para presionar el que los legisladores aprobaran su plan para asegurar un préstamo de US$ 109 millones para abordar la violencia de las pandillas. Curiosamente en 2020, fue el mismo gobierno norteamericano mediante el Departamento del Tesoro de EE.UU., el que impuso sanciones a dos funcionarios del Salvador a quienes acusó de negociar con las bandas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, por supuestamente alcanzar una tregua y por reforzar el apoyo político al partido del presidente. Asimismo, en ese año, el gobierno americano acusó a Bukele de brindar incentivos financieros a las pandillas para garantizar que los incidentes de violencia y el número de homicidios confirmados se mantuvieran bajos, para lo que supuestamente ofrecieron a los líderes presos de estas pandillas, teléfonos celulares y prostitutas. Cosa que el gobierno obviamente desmintió.
Pareciera entonces que el joven presidente salvadoreño no tiene, ni le interesa otras formas de gobernar, sino solo aquellas que tengan que ver con actitudes autoritarias. Pero además, es de lamentar su aparente doble discurso en el cual, por un lado, quiere dar una imagen de mano dura contra el crimen, de querer acabar con las pandillas que tanto daño hacen al país, pero por el otro, busca negociar con ellas y sacar beneficio político.
Para una nación como la salvadoreña que lleva tanto tiempo viviendo una cruenta violencia social, que incluso en 2015 fue considerado el país más violento del mundo, y que se encuentra sumergido desde hace décadas en una de las peores crisis económicas, política y de desigualdad social, que obliga a miles y miles de personas a arriesgar sus vidas con la migración, no son medidas antidemocráticas y violatorias de derechos humanos lo que necesita. Requiere un presidente serio que deje de gobernar desde ese mundo virtual desde donde da las órdenes y en el cual se oculta, para que de una vez por todas conozca, enfrente y solucione la dura realidad y necesidad del pueblo salvadoreño.
