Históricamente, los distintos gobiernos colombianos se habían caracterizado por mantener buenas relaciones con los demás países de la región, preservando y defendiendo el principio de no intervención y de autonomía de los pueblos. Pero ese sustento fundamental de las relaciones internacionales se vino al traste desde que llegó al poder Álvaro Uribe y los sectores políticos y económicos que lo respaldan.
Esta historia comienza en 2008 cuando Uribe en el marco de su política de Seguridad Democrática promovió la incursión militar denominada “Operación Fénix”, con la cual se invadió el territorio y la soberanía ecuatoriana, para dar de baja al segundo al mando de las FARC, Raúl Reyes. Dicha acción ocasionó uno de los más grandes conflictos diplomáticos entre los dos países, que tomó mucho tiempo subsanar y que desató las críticas de diversas instituciones y gobiernos por la violación de acuerdos internacionales. Esa imagen de invasor del uribismo, continuó manifestándose en la constante confrontación con el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez, que se hizo evidente en diferentes cumbres como la de Rio, celebrada en Cancún en 2010.
Y es que la prueba plena de lo que ha sido el fiasco de la política exterior del uribismo es Venezuela. La obsesión por acabar con el régimen de Nicolás Maduro, ha llevado a Uribe, su partido el Centro Democrático y su presidente Iván Duque, a subordinar al Estado colombiano, como hacía mucho no ocurría, a los caprichos de Washington. Hay más preocupación por lo que ocurre en el vecino país, antes que por solucionar los graves problemas sociales, económicos y de derechos humanos que vive el pueblo colombiano. Esta facción partidista, ha liderado al grupo de Lima, principal sector de oposición regional al régimen venezolano y le ha dado un apoyo incondicional a la figura, hoy deslucida, de Juan Guaidó, convirtiendo a Colombia en el triste escenario desde el cual se dieron fallidas intervenciones militares para derribar a Maduro. Qué decir del apoyo que estos sectores de extrema derecha brindaron al golpe de Estado en Bolivia y a la presidenta de facto Jeanine Áñez y, más aún, el abierto respaldo otorgado dentro y fuera del país a Donald Trump, en las pasadas elecciones norteamericanas, pudiendo afectar gravemente las históricas relaciones bilaterales existentes con Estados Unidos.
Como si todas estas y otras acciones de pueril diplomacia regional fueran pocas, el uribismo ahora, buscando desesperadamente expandir su obsesión derechista, pretende con el cuestionado Fiscal General Francisco Barbosa, incidir en las elecciones ecuatorianas, que en una primera vuelta han dado como ganador virtual al candidato correísta Andrés Arauz con un 32.7 % de la votación.
Todo inicia cuando la Revista Semana y otros medios de prensa colombianos presentaban información que establecían un supuesto vínculo entre la guerrilla del ELN de Colombia y el financiamiento de la campaña del candidato Andrés Arauz. Se planteaba en estos medios que el candidato presidencial supuestamente habría recibido fondos del ELN y que eso había ocurrido en el marco de la reunión de la Internacional Progresista, que se celebró en septiembre de 2020 de forma virtual. Allí asistieron referentes políticos de la izquierda latinoamericana, entre ellos Arauz. La prueba es la supuesta información y un video que se encontró en una computadora del guerrillero del ELN Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias “Uriel”, dado de baja en una operación militar en las selvas del Choco colombiano. Como resultado de ello, el Fiscal Barbosa viajó el pasado 12 de febrero a entregar las “famosas pruebas” que le requería su homóloga de Ecuador. La reacción no se hizo esperar y el propio Candidato Arauz salió de inmediato a desmentir semejante infamia, al igual que se mostraron las evidencias del montaje del video. Asimismo, diversas instituciones y actores políticos como el Expresidente de Colombia Ernesto Samper, Evo Morales y el Grupo de Puebla, que reúne a varios expresidentes de la región, emitieron comunicados rechazando tales acusaciones infundadas y mostrando una gran preocupación por el papel de intervención de Colombia en la región.
Es muy lamentable para la diplomacia y, la de por sí difícil convivencia latinoamericana, que sectores extremistas como el uribismo colombiano, quieran violentar el valioso principio de no intervención o injerencia en los asuntos internos o externos de terceros Estados, para lo cual ponen como sustento no solo la defensa de un falso ideal de democracia, sino que lo fundamentan en discursos y prácticas autoritarias.
