En días recientes, el fiscal delegado Gilberto Villareal tomó una decisión trascendental al llamar a juicio, por primera vez en la historia de Colombia, a un expresidente, quien enfrenta acusaciones de soborno y fraude procesal. Esta determinación marca el punto culminante de un prolongado y políticamente impactante litigio en el país sudamericano.
El origen de este conflicto se remonta a 2012, cuando el congresista de izquierda Iván Cepeda presentó testimonios durante un debate sobre el paramilitarismo en Antioquia en los años noventa, – cuando gobernó Uribe-, implicando al expresidente y su hermano Santiago Uribe en la formación del grupo de autodefensa conocido como Bloque Metro, de las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo vinculado a atrocidades como la masacre del Aro en 1997. En respuesta, Uribe, entonces congresista, denunció a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por manipulación de testigos, acusándolo que junto con otros congresistas habían ido a cárceles en Estados Unidos a hablar con exjefes paramilitares a quienes les ofrecieron beneficios si atestiguaban en contra de él.
Inicio así un proceso jurídico que tuvo como punto de quiebre el año 2018, cuando el pleito tuvo un giro de 180 grados y Uribe pasó de acusador a acusado, ya que la sala penal de la Corte encontró que no había pruebas suficientes para investigar al congresista Cepeda y cerró la investigación en su contra, pero asimismo decidió investigar a Uribe.
A partir de ese momento se desató un largo proceso jurídico en la Corte Suprema de Justicia con todo tipo de estrategias jurídicas del expresidente. Una de ellas fue que uno de sus abogados, Diego Cadena, decidió contactar a uno de los testigos en contra de Uribe como era al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, que además era el hijo de quien fue el mayordomo de la hacienda Guacharacas propiedad de los Uribe en las fechas que se denuncian, para que se retractara de sus testimonios incriminatorios.
Como este testigo no aceptó y mostró pruebas contundentes del chantaje al que estaba siendo sometido por el abogado del expresidente, la Corte decide entonces, junto con esta y otras pruebas, ordenar el arresto de Uribe. La jugada ahora del expresidente fue renunciar a su curul en el congreso, con lo cual la Corte perdía la jurisdicción para investigarlo y, en consecuencia, no le quedaba de otra que enviar el expediente a la Fiscalía General de la Nación, en donde la persona a cargo era el Francisco Barbosa a quien Uribe había sugerido al entonces presidente Iván Duque como el mejor candidato para ese cargo.
Efectivamente esta amistad hizo que el Fiscal Barbosa se dedicara en cuerpo y alma a evitar que Uribe fuera juzgado. Pese a toda la evidencia recopilada por la Corte exigió dos veces que el caso se cerrara, sin embargo, dos juezas valientes decidieron no hacerlo. Es sí que el expediente llega al fiscal Gilberto Villareal, quien consiente de la contundencia de las pruebas y que quedaban pocos días para que se vencieran los términos toma la histórica decisión de llamar a juicio por primera vez en la historia de Colombia a un expresidente.
¿Qué viene para Uribe? A partir de este momento, tanto la defensa del expresidente como la parte acusadora tendrán dos años y cinco meses para presentar sus pruebas, lo que finalmente
decidirá si es culpable o inocente. Dado el poco tiempo que queda en el proceso hay un alto riesgo de que pueda prescribir, estrategia que no es raro suponer será la que lleven a cabo los abogados del expresidente y que han venido haciendo los últimos años con este fin.
En la medida Uribe es el político de extrema derecha más influyente del país durante las últimas tres décadas, son muchos los intereses que representa, por lo que el debate jurídico se verá influenciado por actores políticos y económicos poderosos que harán todo lo posible para evitar la condena de su líder. Lo que sigue entonces es de nueva cuenta una dura y difícil prueba para la justicia colombiana.
Sea hallado culpable o no el expresidente Uribe, la decisión de este fiscal ya es histórica y deja un antecedente trascendental para Colombia y demás países de la región, en momentos en que el autoritarismo y la agresión a la democracia pareciera ser una constante. Le toca ahora a la justicia demostrar de nueva cuenta su poder y demostrar que ninguna persona, en especial los presidentes o quienes ya lo hayan sido, pueden estar por encima de la ley.
