Durante 2019 varios países sudamericanos enfrentaron una situación política y social muy difícil y que, sin lugar a dudas, marcará su futuro político y los procesos electorales que se avecinan en cada una de estas naciones.
Hay que comenzar con Venezuela que a inicios del año vivió una tensa situación derivado de los diferentes cacerolazos, así como del surgimiento y empoderamiento de una figura política como Juan Guaidó, quien al autoproclamarse presidente, revivió y fortaleció el papel la oposición. Si bien la presión social y el apoyo internacional encabezado por de Estados Unidos logró poner contra las cuerdas al régimen de Maduro, fue el apoyo de los altos mandos militares, las milicias urbanas, la violencia hacia la oposición y el apoyo de algunos países afines, lo que logró mantenerlo en el poder.
Hoy en día esta nación con una desdibujada oposición, con más de cuatro millones de personas en diferentes países, una crisis económica y humanitaria creciente, presenta un futuro incierto, sin una pronta solución a la vista.
Por su parte Perú, enfrentó un choque entre instituciones lo que derivó en que el presidente Martín Vizcarra disolviera el parlamento, por haber rechazado dos proyectos de ley del Gobierno, entre ellos, una reforma del procedimiento de designación de magistrados del Tribunal Constitucional. La oposición parlamentaria fujimorista de Fuerza Popular apoyados también por el aprismo, en una respuesta desesperada pretendió desconocer al presidente, le destituyó y votó su sustitución por la vicepresidenta opositora Mercedes Aráoz la que al día siguiente renunció. La tensión no pudo ser mayor con un presidente que convocó a elecciones parlamentarias para enero respaldado por las fuerzas armadas y con el beneplácito popular por su decisión. Viene entonces un año de mucha confrontación entre el presidente con el fujimorismo y el aprismo, quienes de ser mayoría parlamentaria no están dispuestos a ceder sus logros políticos.
En Ecuador tampoco las cosas estuvieron en calma derivado de las medidas económicas del gobierno de Lenin Moreno, quien sometiéndose a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener créditos por US$4.209 millones, se vio obligado a tomar medidas económicas como recortar el gasto público, aumentar la recaudación, pero lo que más furia causó fue poner fin a cuatro décadas de ayudas financieras para mantener bajos los precios de las gasolinas y el diesel, incrementando sus precios a más del 120%. Tales decisiones afectarían con mayor fuerza a los trabajadores y a los más pobres, precarizando aún más el nivel de vida para la mayor parte de la población. La reacción no se hizo esperar y millares de ecuatorianos salieron a las calles, desatando una ola de protestas de tal magnitud que obligaron al presidente a cambiar la sede del Ejecutivo a Guayaquil y declarar el estado de excepción en todo el país. Por la magnitud del movimiento social, donde tuvo un papel importante las comunidades indígenas, el gobierno se vio obligado a recular y derogar el proyecto económico. Las protestas terminaron pero el presidente y su gobierno quedaron muy debilitados y con mucha incertidumbre para las próximas elecciones.
Fue Chile donde ocurrió el movimiento social más importante de la región luego de que el presidente Piñera determinara subir el precio del pasaje del metro en 30 pesos, llegando a un máximo de 830 pesos (US$1,17 aproximadamente). Iniciada por los estudiantes la protesta alcanzó su máximo nivel cuando la violencia se tomó las calles de la capital chilena, con el incendio de diversas estaciones de metro y buses, saqueo de supermercados y ataques a cientos de instalaciones públicas. El gobierno, reaccionó decretando el estado de emergencia, lo que significó el despliegue de los militares quienes, además, ordenaron toque de queda algunos días, lo cual derivó en una oleada de violencia que dejó 22 muertos, más de 2000 heridos y 209 casos de traumas oculares causados por el impacto de balines de goma, perdigones o bombas lacrimógenas. Aunque el presidente Piñera, derogó la medida, pidió perdón a los chilenos y anunció una amplia agenda de reformas sociales, los ánimos están muy tensos, la credibilidad del gobierno por el suelo y el futuro de Chile para el otro año más incierto que nunca.
Bolivia también fue el escenario de una violencia social que, propiciada por el mal manejo de los resultados electorales que dieron como ganador en primera vuelta a Evo Morales, desató la ira de la oposición que, liderada por el expresidente Carlos Mesa, se la apropiaron sectores de extrema derecha con el apoyo de militares, quienes dieron un golpe de estado que hizo pedir a Morales asilo en México y luego en Argentina. Con una autoproclamada presidenta sin sustento legal, Bolivia es hoy el mejor ejemplo de regresión política que augura años muy difíciles para la democracia y la población en general. Finalmente, no podemos dejar de lado a Colombia, donde un paro nacional y el liderazgo de los estudiantes desató todo un inconformismo social contra el creciente deterioro de la educación pública, la inacabable corrupción, los cientos de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, la destrucción del proceso de paz, así como las medidas económicas de un gobierno que encabeza un desacreditado Iván Duque, pero que dirige Alvaro Uribe. Las protestas continuarán pero la violencia no parará ya que ha sido ese el medio para mantenerse en el poder, para que algunos sectores políticos y económicos puedan vivir en paz y con bienestar a costa de la mayoría.
Se acaba el año pero los problemas en la región apenas empiezan o seguirán como siempre. Se continuarán desatando luchas sociales, políticas, ideológicas que polarizarán aún más, en ocasiones destruyendo la democracia, en ocasiones aniquilando derechos, personas, ambientes. ¿Quiénes serán los beneficiados?, ¿Quiénes los perdedores?, en el fondo, seremos todos.
Investigador del CIALC
