En la madrugada del jueves 29 de agosto la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) apareció en un video en el que anunció su regreso como guerrilla. Durante 32 minutos Iván Márquez, el número dos de este grupo armado, acompañado de Jesús Santrich, El Paisa, Aldinever Morantes, Romaña y otros dirigentes que se alejaron del acuerdo de paz dieron a conocer dicho acto.
Entre las motivaciones que señalan están lo que consideran traiciones e incumplimiento al acuerdo de La Habana, que no tienen garantías jurídicas para su reincorporación y, en especial, una falta de compromiso del gobierno.
¿Cómo puede ocurrir algo así en un momento en el que el proceso de paz trata de sobrevivir? ¿Cuáles son los grados de responsabilidad de los implicados y qué escenario se viene?
Es muy lamentable que tanto Márquez como los demás dirigentes disidentes traicionen un proceso de paz que ellos mismos ayudaron a construir.
Es contradictorio y anacrónico emprender el camino de las armas porque esa ruta no funcionó ni lo hará. La violencia no es el camino para alcanzar la paz, la democracia y el nuevo orden social.
Este tipo de decisiones, además de inaceptables en los actuales momentos, reflejan la división que incluso durante las negociaciones de La Habana se presentó entre los máximos dirigentes del secretariado.
Por eso no es raro que Rodrigo Londoño, antes conocido como Timochenko y hoy líder del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, marcara distancia con ellos.
Por otro lado, no se puede dejar de lado la responsabilidad que tiene el actual gobierno y el papel que han jugado Álvaro Uribe y su partido, el Centro Democrático, que han sido feroces atacantes del proceso de paz.
Desde entonces, este sector uribista ha promovido su destrucción, o por lo menos la reforma general del acuerdo, intención que apoyó el actual presidente, Iván Duque, cuando desde su campaña dijo que incentivaría cambios en ciertos puntos de la Constitución referentes al proceso de paz.
Todo ello llevó a que el Congreso colombiano buscara hacer efectivas objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) creada para regular el sistema de justicia transicional.
Estas acciones fueron justificantes para que miembros de las FARC, entre ellos los que hoy se alzan en armas de nuevo, se alejaran del proceso.
Tampoco se puede desconocer el asesinato de más de 600 líderes sociales y defensores de derechos humanos desde la firma de los acuerdos en 2016.
Lo que viene para Colombia son más tiempos difíciles para la paz, pues si bien la “nueva guerrilla” propone que en su lucha armada los objetivos no serán militares, sólo responderán ante las ofensivas, no habrá secuestros, pero sí “impuestos” y establecerán alianza con otros grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), será inevitable una nueva oleada de violencia.
No se puede descartar el riesgo de que las facciones más pequeñas de disidencias, que no estuvieron en el proceso de paz, se unan a Márquez para fortalecerse, o incluso usar el nombre de las FARC a su favor.
No es menos delicado el que los ya desmovilizados de las FARC puedan ser reclutados, más si se considera que se han presentado demoras en la reincorporación colectiva, lo que para muchos de ellos ha generado incertidumbre.
Preocupan los enfrentamientos con los grupos paramilitares y otros sectores armados por la recuperación de zonas que las FARC controlaban. En el ámbito internacional, aumentará la tensión con Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro, a quien Duque acusa de proteger a los guerrilleros.
Pese al difícil escenario político y social que se vislumbra, estamos en un momento histórico diferente, donde el proceso de paz ha logrado articular un apoyo internacional y de los diferentes actores involucrados.
Es tiempo de que el gobierno actual asuma un compromiso más serio con la paz y deje de lado sus intereses partidistas, para lograr que la violencia pueda quedar en el pasado y no sea el futuro de Colombia.
Investigador del CIALC-UNAM
