Han pasado cinco semanas desde que el día 28 de abril se diera inicio al paro nacional convocado por diversos sectores sociales y políticos, que si bien tenía como demanda principal la no aprobación de una reforma tributaria arbitraria e improcedente, en el fondo, lo que hay son muchas razones de los manifestaciones para estar en la calle.
Hay que recordar que Colombia es un país cuyas elites políticas tradicionales son las responsables del origen de la violencia, cuando desde los años cuarenta propiciaron odios partidistas que propiciaron matanzas de los sectores más conservadores hacia las ideas liberales de aquel entonces. Con ello no solo lograron consolidarse en el poder sino además desterrar y asesinar opositores, sino que además, se apropiaron de tierras y empresas. Serán esos sectores agredidos de los cuales saldría años después la guerrilla de la FARC. Cuando esas facciones partidistas vieron que la violencia se les salió de las manos firmaron el famoso pacto del Frente Nacional, que no fue otra cosa que acordar la repartición a perpetuidad del poder entre las élites liberales y conservadoras, con el particular énfasis en que nadie a diferente de ellos tendría el control del Estado. Desde ese momento se inició una feroz persecución hacia todos aquellos sectores sociales y políticos que pudieran afectar sus intereses. Una muestra de ello es que cuando surge un partido progresista de izquierda en los años ochenta como fue la Unión Patriótica, movimiento del cual tres candidatos presidenciales y más de 3000 personas partidarias fueron asesinadas. Un genocidio propio de cualquier dictadura. De ahí en adelante la persecución y asesinatos a movimientos alternativos progresistas se volvió un consigna, al punto que hoy en día hay más de mil muertos de líderes sociales, sindicales y ambientes y cientos de desaparecidos. En un país donde se mata impunemente por pensar diferente hay razones de sobra para seguir protestando.
Pero no solo son estos genocidios los argumentos de los manifestantes, son las décadas de exclusión y pobreza de la mayor parte de la población. El actuar político ha estado encaminado a favorecer al capital extranjero, la privatización de las instituciones públicas, el favorecimiento y otorgamiento sin condiciones para que las multinacionales exploten y devasten amplios tierras en perjuicio del medio ambientes y de las poblaciones campesinas e indígenas que terminan siendo expulsadas y condenadas a la miseria. ¿Cómo no van a protestar estos pueblos, históricamente olvidados, discriminados y agredidos?
No es al azar que quienes lideran las protestas sean jóvenes que no ven un futuro digno, pues se ha privatizado la salud y se les ha negado el acceso a la educación, que prácticamente es privada. Es una generación que no tiene la posibilidad de un empleo digno porque el modelo económico ha privilegiado una flexibilización laboral que ofrece pedazos de trabajo con bajos salarios pero alta exigencia productiva y solo para unos pocos. ¿Cómo no mantenerse en la calle luchando porque esas nuevas generaciones tengan un país que evite que terminen en grupos al margen de la ley?
Ese años y años de amaño político de las elites tradicionales en el poder ha convertido la corrupción en un estilo descarado y en total impunidad de hacer negocios, de hacer política pública, desde la que se reparten las riquezas de la nación. La gente está cansada de tanta corrupción de ver que se roban hasta el dinero de la comida para los niños, ¿cómo no van a estar protestando las madres?
En Colombia las fuerzas armadas han tenido dinero y poder ilimitado que ha sido puesto al servicio de esas élites tradicionales para mantenerse en el poder. Por eso no es raro que la represión policial esté a la orden del día, hay que recordar que estas fuerzas de seguridad están adscritas al ministerio de defensa y actúan en consecuencia. Que vayan más de 47 muertos y 168 heridos en este tiempo, donde se ven videos de la policía y civiles disparando hacia los manifestantes, dice mucho del actuar criminal que caracteriza al gobierno actual y sobre lo que evade responsabilidades. Como si fuera poco, emitió el Decreto 575 de 2021 de orden público que sustituye autoridades civiles por autoridades militares en algunas zonas del país, con lo cual se normalizan desapariciones y torturas y se favorece paramilitarismo urbano. Es en palabras del Senador Iván Cepeda un golpe de Estado. ¿Cómo quedarse callado y no protestar cuando se está asesinando a la gente impunemente solo por protestar?
Las élites tradicionales colombianas llevan muchas décadas destruyendo al país, bien vale la pena muchos más días de manifestaciones y protestas para volverlo a reconstruir.
