Cuando llegue el momento, en el desapasionado gabinete del historiador, del sociólogo, del economista o de cualquier otro investigador social, saldrán a la luz y adquirirán coherencia las políticas criminales del presente gobierno. Será el momento de conocer los costos en esperanza de vida, salud, educación, en las tasas de morbilidad y mortalidad, entre otras. Estamos demasiado cerca para juzgarlas, pero es evidente que ya están costando vidas y provocando mucho sufrimiento.
El autollamado gobierno de la esperanza ya transformó a sus seguidores en las primeras víctimas de su mala gestión: los pobres son los primeros en llenar los panteones, como consecuencia de la mala gestión de la pandemia; y los primeros en sufrir hambre y enfermedades, por la negativa a defender los empleos e impulsar la reactivación de la economía. La administración de López Obrador le ha robado al país la esperanza en un futuro mejor y ha traído la sensación de que podemos estar todavía peor.
Al negar la gravedad del coronavirus y oponerse a la realización de pruebas de diagnóstico masivas, extendió la duración de la pandemia y generó muertes que pudieron evitarse. A pesar de la manipulación, el cuchareo y el sub-registro, el gobierno reconoce más de 90 mil decesos. Los especialistas estiman que podrían sobrepasar los 200 mil.
Al optar por los “abrazos, no balazos” a los cárteles del narcotráfico, propició el fortalecimiento criminal, el incremento de los homicidios dolosos y la consolidación de la impunidad. El propio gobierno proyecta cerrar el 2020 con 40 mil 863 homicidios dolosos, una cifra nunca vista en el presente siglo. En 22 meses al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Durazo deja un país con 65 mil 366 homicidios dolosos. Si comparamos esa cifra son las que aporta la consultoría T-Research para el mismo periodo, resulta que hoy tenemos el doble de violencia que en el mismo lapso de Enrique Peña Nieto, y tres veces la violencia ocurrida en el mismo periodo de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Al recortar el gasto público para invertirlo en sus obras faraónicas, afectó gravemente a los mujeres y a los niños con cáncer. El 86 por ciento de mujeres pobres con cáncer de mama tuvieron que suspender su tratamiento tras la desaparición del Seguro Popular, de acuerdo con una encuesta de la Fundación Médico e Investigadores contra el Cáncer (MILC)
Al privilegiar el uso del carbón y el combustóleo para producir energía eléctrica, el gobierno favorece la contaminación, la cual tiene efectos sobre la salud y también cuesta vidas. Estudios científicos revelan que el combustóleo causa 32 mil 800 muertes al año en México. Si logran dejar de exportar petróleo, como se propone el gobierno, el problema será aún más grave.
Al concentrar la compra de medicinas en la Secretaría de Hacienda, generó desabasto de medicamentos en el sector salud. La muerte de niños con cáncer por falta de medicinas es una de las expresiones más lacerantes del problema. En este sector se ha podido documentar la muerte de mil 615 niños que no recibieron atención a tiempo.
Al negarse a defender el empleo, amplió el número de despedidos y el cierre de empresas. La falsa promesa de crear dos millones de empleos en nueve meses, no sólo fue una burla, sino una gota de veneno en la herida. Hoy, por lo menos 11 millones de mexicanos en edad de trabajar no tienen esperanza de encontrar un empleo.
El gobierno es totalmente inhumano. No repara en los daños que causa. Sólo quiere poder y más poder. Así, detrás de la desaparición de los fideicomisos no hay sólo necesidad de dinero para las campañas, sino también un objetivo ideológico estratégico: controlar el movimiento cultural, al estilo de Stalin o de Hitler. Los cineastas y los escritores que reciban dinero serán aquellos que demuestran adoración al régimen, aquellos dispuestos a contar la historia de un tabasqueño que cambio el rumbo no sólo del país, sino del mundo entero con su economía moral.
