La terrible y lacerante desigualdad social del país cobra nuevos bríos. El gobierno que supuestamente tendría los principios para combatirla está dándole nuevas y más efectivas vitaminas. El presidente que iba a salvar al país del hambre se convirtió en el nuevo padre de la desigualdad moderna.

La falsa ilusión creada por el populismo está desvaneciéndose rápidamente: 70 por ciento de la población carece de ingresos suficientes para acceder a la canasta básica alimentaria. Para volver al nivel que teníamos en 2018 se requerirá, de acuerdo con los especialistas, por lo menos diez años.

Nadie necesita un Premio Nobel de Economía para decir lo evidente: este sexenio heredará la mayor desigualdad desde 1988. Para empezar, los 10 años perdidos de crecimiento económico, no se perdieron solamente por la crisis internacional provocada por la pandemia del covid19. La causa principal está en las políticas económicas implementadas por el presidente López Obrador, quien tomó el lugar del Secretario de Hacienda. Cuando la crisis llegó, el gobierno ya había creado las condiciones para el naufragio del país.

Desde el principio, el gobierno se negó a tomar medidas que pueden revertir la desigualdad, tales como una reforma fiscal integral o la imposición de impuestos acumulativos a la riqueza y a la herencia. En lugar de eso, el presidente prefirió rodearse de los mismos ricos a los que llamó “minoría rapaz” en campaña. Para engañar a su público y mantener su base electoral, se pelea de palabra con los empresarios, pero en los hechos no hay ningún cambio substancial. Todo quedó igual, todo ha sido un baño de demagogia.

Incluso antes de tomar posesión, el Jefe del Ejecutivo decidió atentar contra una de las herramientas más útiles para paliar la desigualdad, la educación pública de calidad. Al echar atrás la obligación de los maestros de evaluarse, no sólo favoreció a sus aliados electorales, especialmente a la CNTE, sino también a la educación privada en general. Dio ventaja a los ricos sobre los pobres a la hora de entrar a competir en el mercado. El Estado traicionó así una de sus obligaciones: la de crear un piso parejo para el desarrollo del potencial de los mexicanos.

En las crisis económicas, como enseña la historia, al final los ricos son siempre los ganadores, los que concentran el ingreso. Las clases medias se vuelven pobres, los pobres se vuelven miserables y muchos se mueren de hambre. De acuerdo con los economistas y los especialistas, este sexenio está perdido y el país tardará diez años en volver al nivel que tenía en el 2018. Los programas asistenciales tienen la desventaja de que sólo sirven para acarrear votos, pero no generan riqueza ni crecimiento económico.

Entonces, la pregunta es ¿cuántos millones de nuevos pobres dejará López Obrador? Los cálculos son variados. Los más optimistas, los de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) estiman que entre 6.1 y 8.9 millones que hoy son clase media caerán en la pobreza y entre 4.9 y 7.7 millones que son pobres se irán a la pobreza extrema. Los más pesimistas, como el banco español BBVA, estiman en 16 millones los nuevos pobres y en 18 millones los nuevos en pobreza extrema.

Es obvio pero el gobierno no lo entiende: si no hay crecimiento económico no hay ninguna riqueza que repartir para abatir la desigualdad. Desde la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, consistentemente, el gobierno espanta la inversión nacional y extranjera al cambiar las reglas del juego. Esa cancelación costó 71 mil millones de pesos en finiquitos de contratos y 60 mil millones de pesos en obras que ya se habían realizado.

Pero no fue la única acción contraproducente. También se cancelaron las rondas petroleras y se perdieron inversiones prometidas por 104 mil 400 millones de dólares, más de dos billones de pesos, poco más de una tercera parte del presupuesto anual de 2020. Los prejuicios contra las energías limpias y la reversa al uso del carbón ahuyentaron inversiones por 8 mil 600 millones de dólares. Sólo la cancelación de una cervecera en Mexicali, Baja California, significó dejar de invertir mil 400 millones de dólares de capital privado.

En conclusión, el gobierno está haciendo todo para heredar una mayor desigualdad social. Lo único que verdaderamente le interesa es el poder por el poder mismo.

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