Durante dos años me he negado a escuchar las versiones que ligan al gobierno del presidente López Obrador con el narcotráfico. Pero la reciente reforma a la Ley del Banco de México me genera dudas. ¿Por qué quiere Morena que la institución lave dólares? No se puede imaginar mayor servicio al narcotráfico, mayor daño al Banxico y mayor desprestigio internacional. Justo cuando el populista y arbitrario Jefe del Ejecutivo se niega a reconocer el triunfo electoral de Joe Biden, el presidente de la máxima potencia económica y militar del mundo, nuestro principal socio comercial.
Los senadores de Morena no se mandan solos. Ricardo Monreal, menos. La mano que mueve a los títeres está en Palacio Nacional y son comunes las fotos de los desayunos del presidente con el pastor de los legisladores. No hace falta ser adivino para saber quién está detrás del entramado. Tenía tanto interés en que fuera aprobada que la iniciativa fue firmada por Monreal. El jueves pasado, como siempre, López Obrador se lavó las manos y dijo que era una decisión del Senado y se tenía que respetar.
Morena decidió no escuchar a los expertos ni a los funcionarios del Banxico, aunque alguno de ellos tiene peso en la balanza de los afectos del presidente. Hizo a un lado las advertencias de que con la reforma se abren las puertas para el lavado de dinero de los narcotraficantes, los cuales, además, ganarían intereses que tendría que pagar la institución. La gran pregunta es ¿por qué? ¿Qué compromisos está cumpliendo? ¿Qué significan en este contexto las palabras de López Obrador en el sentido de que si hubieran llegado con el apoyo de la delincuencia estarían atados de pies y manos?
El Banxico fue contundente en su defensa: “si los activos de la reserva no se pueden emplear en operaciones financieras de alta liquidez, su sola custodia en bóvedas anularía la utilidad de estos activos para los fines de la reserva, y sería un activo ilíquido e improductivo. Adicionalmente, al mantenerse en efectivo, tales monedas no podrían ser invertidas, lo que afectaría el rendimiento de la reserva internacional. Así́, el Banco de México asumiría un costo que correspondería a los intereses pagados por las operaciones pasivas pactadas para poder adquirir dichos recursos en efectivo”.
Un sector crítico sostiene un argumento que, en lo personal, aún me niego a aceptar, pero conviene citar para una mejor explicación del tamaño de la irresponsabilidad y la torpeza del gobierno: la reforma a la Ley del Banco de México sería la cereza del pastel de una política que empezó con la amnistía de facto a los cárteles del narcotráfico, expresada de manera sintética en el lema “abrazos, no balazos”. Los criminales obtuvieron paso libre para sus drogas y su dinero. El gobierno dejó de perseguirlos y capituló el primero de febrero del 2019 con una declaración presidencial: “Oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz”. En las cuentas oficiales, los sicarios muertos dejaron de serlo y se convirtieron en “civiles muertos”.
Desde muy temprano, el presidente dejó claro que “no se han detenido capos, porque no es esa nuestra función principal. La función principal del gobierno es garantizar la seguridad pública ya no es detener capos”. No sólo eso, sino que hasta presumió su orden para liberar al hijo de El Chapo Guzmán, detenido en Culiacán por un cuerpo de élite. Por cierto, no tuvo ningún empacho en revelar quién encabezó el operativo, lo que colocó al funcionario en la mira de los delincuentes.
De acuerdo con ese sector de los críticos del presidente, el bajarse de la camioneta para ir a saludar a la mamá de El Chapo y el haber ofrecido disculpas a Guzmán Loera por llamarlo por su apodo, engarzan perfectamente en una predilección oficial por el Cártel de Sinaloa. Las reformas en torno a la posesión de marihuana también caerían dentro de la misma lógica, ya que su efecto inmediato es promover el narcomenudeo. 200 gramos de marihuana son más que suficientes para atender a una nutrida clientela.
Otro sector ve una maniobra para apoderarse de las reservas internacionales del país, de la misma manera que se apoderaron de los 279 mil millones del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestales, los 68 mil millones de pesos de los 109 fideicomisos, los 33 mil millones del fondo para las enfermedades catastróficas, entre otros. En cualquier caso, una cosa es segura: se trata del peor desacierto desde la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco.