Francisco López es un mexicano anónimo condenado a muerte por un capricho del presidente López Obrador, la desaparición del Seguro Popular. Pancho, como le dicen sus amigos, tiene cáncer y carece de acceso al sistema de salud. De oficio albañil, carpintero y plomero, tiene tres hijos, de 12, 10 y 8 años. Está entre los 15 millones de mexicanos que perdieron su acceso a la atención médica. Una cifra que, por cierto, no aparecerá mañana en el Tercer Informe de Gobierno.
Sus ingresos son irregulares, pero tiene una red de clientes que confían en él porque es bien hecho, formal y cumplidor. A veces, gana 300 pesos por arreglar un baño descompuesto o instalar una lavadora; cuando tiene suerte, cambia la loseta de un piso, o le encargan un mueble de madera. Calcula que sus ganancias, descontando el precio de los materiales, anda por ahí de los 15 mil pesos mensuales, en promedio. En otros términos, está cinco veces por arriba de la línea de la pobreza y gana más que un médico residente del IMSS o del ISSSTE. A pesar de eso, está condenado porque no puede pagar lo que cuesta su enfermedad.
La endoscopia y el oncólogo – siete mil pesos el estudio y dos mil pesos la consulta- le revelaron una verdad triste. Además del dolor, la desesperación, la negación y la depresión que siguieron, llegó a la impotencia de saberse sin recursos económicos suficientes y a contemplar el suicidio. El cáncer es una enfermedad catastrófica, las cuales son definidas así por el Consejo de Salubridad General, por el alto costo de los medicamentos y los gastos asociados al tratamiento, el cual debe realizarse en las unidades hospitalarias de alta especialidad.
El diagnóstico es el primer paso de una cuesta muy empinada. Ahora tiene que pagar por una tomografía – cuatro mil 500 pesos en el laboratorio más barato- y varios estudios de marcadores tumorales –aproximadamente 11 mil pesos más- para saber qué tan extendido está el daño. Después de eso, previo a la operación del tumor, debería someterse a un tratamiento de quimioterapia de tres ciclos. Entre los medicamentos para la quimioterapia se encuentra la capecitabina, cuyo costo varía entre los 14 mil 148 pesos con la etiqueta de Kpbyn y los 28 mil 122 con la marca Xeloba. También están las inyecciones de filgastrim, cada una de las cuales cuesta entre mil 549 y tres mil 571, según la farmacia donde se compre. En total, más o menos, 120 mil pesos de arranque. Casi un año de su ingreso, si no tuviera gastos. ¿Cuánto costaría la operación?
Pancho estaba afiliado al Seguro Popular, pero se quedó indefenso, al igual que otros 15 millones de mexicanos. La gran mayoría de las enfermedades catastróficas estaban cubiertas por el Seguro Popular, el cual tenía un fondo especialmente dedicado para que los costos corrieran a cargo del Estado y no del paciente. Sin embargo, al presidente se le ocurrió que “ni era seguro, ni era popular” y mandó desaparecerlo sin evaluar el trabajo realizado. Lo suprimió simplemente porque se había creado en un gobierno del PAN.
En la época del neoliberalismo tan odiado por el presidente, Pancho hubiera contado con ayuda del gobierno. Ahora requiere el equivalente a dos meses de su ingreso para comprar una sola de las tres cajas de tabletas que necesita. El Seguro Popular contaba con un fondo de aproximadamente 33 mil millones de pesos para esas enfermedades catastróficas. Ahora ya no existe el fondo y no se sabe dónde fue a parar el dinero. Quizá al pozo sin fondo de Petróleos Mexicanos (Pemex), donde se han perdido un millón de millones de pesos, por el capricho presidencial de llegar a una imposible “soberanía energética”. O en la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya o el aeropuerto local de Santa Lucía.
Lo peor de todo, es que todo se hizo de mala fe, a sabiendas del estado en que se encontraba el sistema de salud.
El presidente presume haber escrito él mismo el Plan Nacional de Desarrollo. Pues bien, en ese documento se establece: “Es casi normativo que los pacientes de los hospitales del Estado tengan que llevar sus propios materiales de curación y que se vean obligados a esperar meses antes de ser sometidos a una intervención quirúrgica, tanto por la saturación de los quirófanos como por descomposturas o faltantes de equipo. Otros ni siquiera logran acceso a terapias y tratamientos porque no están afiliados a ninguna institución de seguridad social o bien porque la cobertura del Seguro Popular es insuficiente. En suma, el derecho a la salud le es denegado parcial o talmente al sector más desprotegido de la población mexicana”.
Pues todo eso que estaba mal, ahora está peor. De acuerdo con la información más reciente del INEGI y Coneval, 15 millones de mexicanos perdieron su acceso al sistema de salud. Francisco es uno entre ellos. Uno de los condenados por el régimen.
