Por primera vez, el presupuesto público es un programa de gasto electoral y, al mismo tiempo, una quimera que, inevitablemente, desembocará en un desencanto nacional. El gobierno está haciendo las cuentas de la lechera, pero, incluso si le creemos a sus cifras y sus expectativas de mediano plazo, el sexenio está perdido. En el mejor de los casos, en el 2024 estaremos justo donde estábamos en 2018.
La principal apuesta del gobierno es entregar dinero a la población en pobreza para obtener su voto en las elecciones del 2021. Buscan 24 millones de votos para colocarse como la fuerza mayoritaria en la Cámara de Diputados y asegurar, desde ahí, que el presidente siga haciendo lo que quiera. Esa medida, repartir dinero, siempre ha resultado un desastre para el país, como lo demuestran los casos de Rusia, Brasil, Turquía y Venezuela, entre muchos otros gobiernos populistas.
Está claro que el presidente sólo tiene un objetivo: aumentar su poder político e imponer a sus amigos como gobernadores. A ese paso, la prospectiva es clara: buscará mantenerse en el poder, si es posible, más allá del 2024. Si tiene la fuerza suficiente, con una reforma constitucional que permita su reelección. Por eso insiste en llamar a una consulta sobre la revocación de su mandato, para tener un pretexto y quedarse. Una segunda opción es poner a un pelele en la presidencia, como hizo Porfirio Díaz con su compadre Manuel González. Varias veces el presidente se ha solazado, reído y divertido al contar la historia Díaz-González en sus montajes mañaneros.
El proyecto de presupuesto público sólo confirma que Palacio Nacional es el auténtico cuartel de campaña de Morena. Los operadores políticos del presidente son los mismos del pasado, pero ahora son funcionarios, tienen salarios de 158 mil pesos mensuales y manejan cientos de miles de millones de pesos. Esos recursos, como en 2019 y 2020, serán aplicados en 2021 discrecionalmente y casi sin rendir cuentas.
Uno de esos operadores políticos es Gabriel García Hernández, quien dispone del oído y de la simpatía presidencial. Excepto a López Obrador, no tiene que rendirle cuentas a nadie, aunque sea el Coordinador General de Programas Integrales de Desarrollo. Para efectos prácticos y político-electorales, de él dependen los 32 superdelegados, los 128 subdelegados y los 300 coordinadores regionales. En otras palabras, tiene un aparato electoral sostenido con recursos públicos. Concentra tanto poder que algunos secretarios de Estado reciben instrucciones suyas. Es, además, intocable para la Secretaría de la Función Pública.
En realidad, la protección gubernamental a la estructura político electoral de García Hernández es evidente. La propia secretaria de la Función Pública ha tenido que tragar sapos grandes y hacerse la desentendida. El 24 de octubre del año pasado dijo a los diputados: “Estamos procesando 12 denuncias ya en contra de 10 delegados estatales de programas para el desarrollo (...) Hasta ahora las entidades federativas cuyos delegados han sido denunciados y están siendo investigados son: Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora.”
Posiblemente el presidente le jaló las orejas y tuvo que dar marcha atrás. El 23 de enero, en el espectáculo mañanero, redujo el alcance de sus investigaciones: “tenemos 102 denuncias… ocho ya están en proceso de responsabilidades”. Como por encanto, las investigaciones a los superdelegados desaparecieron.
Al recordar estos antecedentes, el pasado día 8, EL UNIVERSAL dio a conocer que la Secretaría de la Función Pública “sólo contaba con 97 denuncias y ninguna tiene sanción. De éstas, 86 están en trámite y las 11 restantes fueron concluidas para después ser archivadas por falta de elementos”.
El presupuesto 2021 es un programa de gasto electoral y los organismos encargados de la vigilancia dentro del gobierno no sólo están anulado, sino que colaboran diligentemente para no dejar huella. Pero la historia contemporánea enseña que, más temprano que tarde, el gasto así ejercido termina por hundir a las naciones en mayor pobreza, desigualdad, inseguridad e incertidumbre.
