Los cárteles del narcotráfico quieren más. En campaña, el actual presidente les ofreció amnistía; en el gobierno, les está cumpliendo, pero los capos quieren más. Ya los dejan hacer y pasar, no los detienen ni les decomisan sus drogas. El gobierno incluso les permite armarse mejor pues se niega a combatir el tráfico de armas de norte a sur, según reveló el embajador de Estados Unidos antes de irse. Un manto protector se extiende sobre ellos desde Palacio Nacional.
El gobierno sabe que su política de “abrazos, no balazos” ha despertado la ambición del narco. Lo dijo, el 4 de marzo, la nueva secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, ante el propio presidente de la República, en su montaje mañanero: “las organizaciones criminales buscan fortalecer su operación mediante la intimidación y el aumento de su influencia política”. Lo saben, pero no hacen nada. Bueno, sí, dan abrazos.
Lo sabe el presidente López Obrador. Apenas el pasado 25 de febrero afirmó: “van creciendo hasta que imponen presidentes municipales y los presionan hasta para que entreguen una cuota del presupuesto, tenían la contabilidad del gobierno municipal y había que entregar una cuota porque si no los ajusticiaban” No obstante, el gobierno mantiene su política de abrazos. En su lógica no está combatir a los malos, sino acudir a sus mamás y abuelas para que los regañen por su mala conducta.
Así, resulta natural que nunca el narcotráfico haya avanzado tanto en su dominio territorial como en este gobierno pues, por increíble que parezca, habría duplicado el territorio que domina. El jefe del Comando Norte de Estados Unidos, Glen D. VanHerck, señaló la semana pasada que entre 30 y 35 por ciento del país está sin gobierno, controlado por los cárteles del narcotráfico. Ese dato es muy revelador pues en 2018, de acuerdo con un informe de la CIA, tenían “un control efectivo” del 20 por ciento. Hay que repetirlo y subrayarlo: En 2 años habrían duplicado el poder acumulado en medio siglo.
Las cifras anteriores adquieren todo su significado si recordamos las palabras de López Obrador en enero el año pasado: “llegó un tiempo en que (Joaquín El Chapo) Guzmán Loera tenía el mismo poder e influencia que tenía en ese entonces el Presidente… porque había un contubernio y eso impedía que se castigara a los que cometían esos delitos”. Hoy, gracias a Estados Unidos, ya no está El Chapo, se supone que no hay contubernio, pero tampoco se castigan los delitos. En cambio, el presidente ordena la liberación del uno de sus hijos, Ovidio Guzmán, y se baja de su camioneta para ir a saludar a la mamá del delincuente.
Por eso quieren más poder y están actuando para lograrlo, se han convertido en un actor político que, como dijo la secretaria Rodríguez, busca incrementar su influencia. Eso explica los asesinatos y las amenazas a políticos de todos los partidos, incluidos los de Morena. De acuerdo con la información oficial, entre septiembre del año pasado y febrero de 2021, fueron asesinados 64 actores políticos, principalmente en Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco.
En un artículo para la revista Nexos de febrero pasado, los investigadores Aldo Ponce, Rodrigo López Velarde y Jaime Sainz explican que “al crimen organizado le resulta más atractivo intervenir en el proceso electoral ya que puede ser más costoso tomar control sobre los gobiernos municipales cuando los alcaldes asumieron el gobierno municipal… cambiar el status quo en estas condiciones puede resultar más oneroso y menos factible para las organizaciones criminales”.
Si el gobierno lo sabe y está consciente del problema, ¿por qué no hace nada? ¿Por qué se cruza de brazos? La hipótesis es que el presidente López Obrador ha decidido que, así como la prensa se regula con la prensa, el narcotráfico se regule con el narcotráfico: primero, que los grupos se enfrenten por el territorio y que se imponga el más fuerte, y segundo, que el ganador se haga tan fuerte que no permita ninguna disputa. Con eso, disminuiría el número de muertos y su gobierno lo presentaría como un éxito, ocultando, claro, que los mexicanos y los gobiernos municipales quedan a mercad de los cárteles.
Vocero del PAN
