Las elecciones de junio próximo no sólo son las más grandes de la historia, por el número de puestos en juego, sino una de las más importantes, por su trascendencia histórica. Si el gobierno mantiene una mayoría calificada, aunque sea artificial, como la actual, el camino hacia la dictadura se convertirá en una carretera de cuatro carriles. En este contexto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, autoridad máxima en materia electoral, jugará un papel fundamental; sin embargo, su posible actuación se encuentra bajo los reflectores de la duda.
Si bien es cierto que a veces parece imparcial, con mucha mayor frecuencia se le ve cargado al lado del gobierno federal. Por un lado, frena el envío de cartas firmadas por el presidente en algún gasto electoral disfrazado de programa social, pero, por otro, revoca las multas importantes al partido del Ejecutivo, como la de 197 millones de pesos que el INE le había impuesto por el desvío de recursos en el fideicomiso que supuestamente iba a ayudar a los damnificados del sismo de 2017.
El más notable de los servicios del Tribunal al gobierno es la revocación a la decisión del Instituto Nacional Electoral de negar el registro a dos partidos ligados al presidente: Fuerza Social por México, propiedad de un senador de Morena, y Redes Sociales Progresistas, perteneciente a Elba Esther Gordillo, nueva aliada electoral del primer mandatario. Si a esos dos le sumamos el Partido Encuentro Solidario y los satélites cuya membresía ya tiene en la bolsa, el oficialismo estará representado por seis membretes en las boletas electorales.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debería de ser un contrapeso al afán presidencial de concentrar todo el poder. En su ya célebre libro “Cómo mueren las democracias”, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt destacan que el Congreso y los tribunales deben supervisar y, en caso necesario, “controlar el poder del presidente. Son, por así decirlo, los perros guardianes de la democracia… pero cuando dejan que el presidente apruebe leyes abusivas, ilegales e incluso autoritarias, el perro guardián se transforma en un perro faldero”.
El Tribunal le regaló al presidente el registro de dos partidos afines. Como ocurrió en las elecciones de 2018, algunos morenistas pueden registrarse bajo esas siglas y, una vez en la Cámara de Diputados, renunciar para ir a Morena y crear una mayoría artificial. El truco no tiene nada de nuevo, lo nuevo está en el empleo masivo de membretes con una sola finalidad política y un solo beneficiario. El propio Tribunal pone en riesgo a la joven democracia mexicana. La alternancia ocurrió hace apenas 21 años, después de un lento proceso de democratización que empezó con el fin del partido único, en 1988.
De ahí que las instituciones, como el Tribunal y el INE, estén llamadas a cumplir un papel de suma responsabilidad con la ley y la democracia. Nos corresponde, como ciudadanos, defenderlas públicamente. Es obvio que están bajo acecho por parte del presidente, quien busca ahorcarlas presupuestalmente, e incluso desaparecerlas para que las elecciones vuelvan a estar en manos del gobierno, como lo estaban cuando Manuel Bartlett, uno de los consentidos del régimen, era secretario de Gobernación y decidió “tirar” el sistema para evitar el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas.
Junto con el Tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el presidente ya colocó a tres de sus allegados, también estará a prueba, pues deberá resolver más de una docena de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad en pleno proceso electoral. Si el poder presidencial inhibe al Tribunal Electoral y a la SCJN, la democracia y el equilibrio de poderes pasarán a ser un fenómeno, una cosa rara de principios del siglo XXI, apenas una burbuja en un país que fue incapaz de impedir el regreso de la “dictadura perfecta”.
Como máxima autoridad electoral, el Tribunal está obligado a jugar un papel impecable, estrictamente apegado a la letra y el espíritu de la ley. Tiene la última palabra y si decide actuar con deshonra, puede inclinar la balanza a favor del autoritarismo. Desafortunadamente, estos últimos días, los magistrados han estado envueltos en un pleito por los dineros. Ojalá que piensen en el país y recuerden que su razón de ser es proteger los derechos políticos electorales de todos los ciudadanos. Ojalá el Tribunal no termine como un perrito faldero.
Vocero del PAN
