No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue. Se acerca el momento en que los órganos constitucionales habrán de definir los perfiles de la representación política que integrará al próximo Congreso de la Unión. Se trata ni más ni menos de establecer los criterios de legitimación política que justifican los ámbitos de poder para decidir la legalidad para los próximos años.
La democracia es una forma de gobierno que busca garantizar la relación entre la voluntad libre de los electores y el ejercicio del poder público. De ahí que los criterios para asignar la representación proporcional sean clave para cumplir estos propósitos.
En primer lugar, se debe garantizar que la mayoría política, es decir, aquella que cuenta con el mayor apoyo popular, tenga la capacidad de sacar adelante su programa de gobierno. Para ello, los partidos políticos tienen la capacidad de buscar por si solos o de manera coaligada dicho apoyo popular. Toda vez que la coalición es un acuerdo estable para sacar adelante un programa de gobierno, le corresponde lograr el reconocimiento necesario para cumplir con este propósito.
Hoy, la coalición “Juntos hacemos historia” cuenta con una mayoría superior a la mitad más uno que es suficiente para garantizar el poder necesario para materializar la oferta política enarbolada por su candidata a la Presidencia. Así pues, no se ofende a la democracia cuando el poder Ejecutivo y el poder Legislativo cuentan con mecanismos de disciplina y mando suficientes para sacar adelante su programa político. Esto es consustancial, por ejemplo, a los sistemas parlamentarios.
En segundo lugar, la gobernabilidad de la mayoría política está supeditada a que no se establezca una sobrerrepresentación parlamentaria que distorsione el grado de representación que las minorías políticas tienen a partir de la elección. El propio Presidente López Obrador, cuando vivía la democracia desde la minoría política, planteó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una Acción de Inconstitucionalidad para limitar la sobrerrepresentación legislativa. Entonces, dicha Corte, a partir de un proyecto propulsado por la Ministra Sánchez Cordero, señaló la necesidad de limitar la sobrerrepresentación de la mayoría para evitar la subrepresentación de las minorías. Así pues, la gobernabilidad pasa por el reconocimiento de la pluralidad en la medida más fiel posible al peso específico que cada una de las opciones obtuvo al momento de la votación.
En tercer lugar, nuestro régimen constitucional pone límites a las mayorías políticas para que no puedan por sí y ante sí reformar los aspectos constitucionales del régimen político. En este sentido se establece que ninguna representación política puede ostentar más del 60% de la Cámara de Diputados. Lo anterior no es un límite arbitrario a nuestro diseño constitucional. Está hecho para garantizar que las mayorías políticas no arrasen a las minorías y que las reformas constitucionales garanticen la universalidad de los derechos humanos y el carácter democrático del sistema al evitar que la mayoría se pueda perpetrar en el poder arbitrariamente. A su vez, este límite del 60% propicia que los debates más álgidos sobre la naturaleza constitucional de las decisiones políticas legislativas puedan ser resueltos por el árbitro constitucional, es decir, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así fue como en su momento el peticionario López Obrador logró acotar el criterio de mayoría política.
Hoy se pretende subvertir la legitimación política surgida de las elecciones del 2 de junio al hacer pasar como insubstancial el acuerdo de coalición pactado por la mayoría triunfante. Con lucidez, el Maestro Diego Valadés ha planteado una interpretación absurda que parte de no reconocer la diferencia entre partido político y coalición. El único partido político que podría tener acceso a la representación proporcional sería Movimiento Ciudadano por ser el único que planteó candidaturas en más de 200 distritos uninominales.
Viene la decisión del INE y en su momento del Tribunal Electoral. Algunos gritos flamígeros pretenden amenazar a las instituciones republicanas si desacatan la interpretación asumida por el Presidente de la República y su Sucesora. Ellos son los beneficiarios de esta tentativa de cuchillos largos. Pero no se debe olvidar que por encima de estas coyunturas nuestra Constitución aspira a una estabilidad que garantice la transmisión pacífica y legítima del poder político, esencia central de la democracia.
Hoy la democracia mexicana puede mostrar su madurez al diferenciarse de la intentona autoritaria de Maduro, la asonada frustrada de Trump o los polgroms imperiales de Putin. Se trata de hacer historia, no de mancillarla.
Abogado
