El primer límite frente al autoritarismo es el respeto de los Derechos Humanos, es decir, aquellos derechos que les corresponden a todos los miembros de la especie humana, ya sea que formen parte de las mayorías o de las minorías políticas. Por ello son la base de la democracia. Son su presupuesto ineludible. Cualquier decisión política se construye sobre ellos. En ningún caso las diferencias entre nosotros justifican oprimir o vejar al prójimo. Por ello en las democracias a las mayorías no les está permitido a hacer lo que quieran y cuando quieran. Tienen un límite natural y es que no pierdan o pongan en riesgo nuestra humanidad. La historia nos dice que los regímenes totalitarios surgen cuando cosificamos al prójimo, cuando los bestializamos y los tratamos como si fueran miembros de una especie distinta. Por definición el verdugo siempre es más poderoso que su víctima, y nunca la reconoce como su igual. Por ello es tan delicado incitar al odio y al resentimiento entre los mexicanos.
Debemos recordar que la democracia es la lucha por el poder por la vía pacífica. Esto sólo se garantiza cuando la competencia política se organiza en base a reglas que deban ser respetadas por todos. No se debe caer en el candor de que esta necesidad de respetar la ley sólo es válida en los procesos electorales. La competencia política existe donde el poder surge y donde el poder se ejerce, por ello es que existe la necesidad constante de someter a la autoridad al derecho.
La ley la deciden las mayorías, pero su aplicación y su obediencia necesariamente le debe ser exigida a todos. El legislador debe ponderar la justicia y la necesidad de una ley a partir de colocarse en la necesidad de obedecerla por sí mismo. Cuando manda debe empezar por obedecer. Sin embargo, esto no sucede frecuentemente. El poderoso tiende a ver al poder como una acción que se hace valer frente al otro, de ahí la dificultad de la autocontención (y de la autocrítica)
Sin la independencia judicial no es posible garantizar que el gobierno se someta a la ley. Los jueces intervienen en aquellos casos en que la acción o la omisión de una autoridad son cuestionados. Los jueces deciden el derecho aplicable para resolver controversias en las que se quiere contener o conminar al poder. Por ello su intervención es excepcional, y sus decisiones deben ser acatadas.
En un Estado de Derecho las reglas se aplican constantemente sin problematización alguna. Para vivir en paz y en armonía la mayoría cumplimos con las reglas. Queremos que nuestros tratos se cumplan, y que nos relacionemos con los demás en un contexto de armonía y estabilidad. Así mismo, exigimos que la autoridad sea predecible por estar sometida a una ley previamente aprobada mediante un procedimiento legitimo.
Mientras que en democracia la legitimidad de las autoridades políticas ya sean, administrativas o legislativas derivan del voto, la legitimidad de la autoridad judicial surge de su imparcialidad y experiencia para decidir controversias. Esto sólo es posible cuando cuenta con la fuerza suficiente para someter al poderoso a la ley. Un poder judicial sometido por la docilidad o la corrupción sólo es una farsa que corroe a la democracia y vulnera al más débil. Por ello es que sin independencia judicial a la larga se impone la tiranía.
