En los últimos días, sigue avanzando el proceso de restauración del Poder Presidencial y el desmantelamiento paulatino de los controles de la legalidad. Culminada la demolición del Poder Judicial, comienza el proceso de su reconstrucción a través del voto popular. Ya tocaremos este tema más adelante. Hoy, sólo nos toca constatar las sombras que aparecen en el inicio del proceso. La presupuestación del proceso electoral acusa una disminución en el número de casillas y de funcionarios y con ello, se asoma la falta de la legitimidad con que se integrará a ese poder en el futuro. Lo más probable es que exista un nivel bajísimo de participación, muy inferior al de los rangos que se exigen para actos democráticos como el plebiscito, el referéndum o la revocación de mandato. Por otra parte, la anulación de la autonomía de los órganos técnicos e imparciales, hoy deviene en que la Presidenta de la República sea quien por sí o a través de su equipo, decida la asignación de recursos escasos como lo son las frecuencias, la fijación o abolición de barreras de entrada para los mercados o bien, como hoy se apunta, la administración de los recursos propios del ahorro para la vivienda de los trabajadores o los asignados a la seguridad social. El borramiento paulatino de las garantías institucionales para contener a la arbitrariedad, genera incertidumbre jurídica y certidumbre política. La responsabilidad de la asignación de recursos escasos y la resolución de conflictos, quedan a cargo de la autoridad política. Es a ella a quien le toca decidir quién paga y quién recibe, quién gana y quién pierde. Para ello, se allegará de la información que considere necesaria para tomar su decisión. Quien controle las fuentes de conocimiento de la Presidenta de la República y, el acceso a sus espacios de reflexión, será el poder atrás del trono o la mano que mece la cuna. El hecho es que la Presidencia de la República quedará al descubierto para procesar las consecuencias históricas de todas las decisiones que tome el gobierno. El develamiento del poder deja al descubierto su autoridad formal. Esto es así porque en la lógica de la autocracia sólo basta establecer que todo acto de autoridad emane de quien tiene la competencia formal para decidirlo. El análisis de la justificación de los actos de poder desaparece o cuando menos, se adelgaza o se difiere. Así el poder político sustituye a la racionalidad de las reglas. Lo anterior deviene en que los controles jurídicos sean sustituidos por los controles políticos. En primer lugar, el prestigio y el desprestigio de los políticos se torna en el blanco primordial de aquéllos que se ven afectados por sus decisiones. Las campañas interesadas o las denuncias legítimas, se privilegian como medios de defensa frente a los procedimientos legales. La batalla por influir en el terreno de la opinión pública se intensifica y son las conferencias de prensa, los rumores interesados y la comunicación política, lo que busca influir en los espacios de poder. La vía principal para superar el cerco que rodea a la Presidenta de la República es el escándalo y el sospechosismo. El síndrome de la corrupción se centraliza. Las percepciones desplazan a las evidencias. Recordemos que en 2012, cuando el PRI recuperó la Presidencia de la República, muchos anunciaron que venía un regreso del partido dominante. Los escándalos de corrupción como la “Casa Blanca”, los hechos sangrientos como la desaparición de los 43 o la adopción de medidas impopulares como el aumento de la gasolina, generaron un desgaste del poder que dio lugar a la caída electoral más estrepitosa de la historia reciente. Tampoco debemos menospreciar la estrategia del gobierno anterior, para desprestigiar a sus opositores políticos mediante la sospecha de la corrupción y el abuso. Las autocorrecciones del sistema político, al no hacerse posibles por la vía de los procedimientos legales, sólo pueden dar lugar a un desgaste de la autoridad. Si sólo se corrige mediante la rectificación y el arrepentimiento, serán las presiones a la autoridad la estrategia dominante. Es cierto que al final, cuando el escándalo pase y se lleve a sus rehenes, podrá abrirse un espacio de análisis sereno y legal de los asuntos. El costo se traduce en el diferimiento de la solución razonable de los conflictos, de tal manera que pasarán años antes de que se resuelvan. Hoy nos gobierna una mujer. Esto abre nuevas perspectivas en torno al tema que nos ocupa. Se ha dicho y con razón, que las mujeres son mucho más resistentes a las tentaciones de la corrupción. Por el bien de México, hay que esperar que así sea. El sistema político vuelve a descansar en gran medida en la autocontención del poder. El prestigio de la República descansa en la dignidad que la Presidenta imprima a su mandato. Abogado
