Luego del pasado ejercicio de Revocación de Mandato realizada el pasado 10 de abril, la euforia va a la baja, tanto por lo que dicen que fue un éxito, como para lo que indican que fue un fracaso. Lo que sigue ahora es, de acuerdo con lo que señalara el propio Presidente de la República, una reforma político electoral .
Diversos actores políticos han señalado algunos posicionamientos en torno a temas que deberían ser analizados tales como el replanteamiento de los recursos que se le asignan a los partidos políticos a través del financiamiento público que reciben; la permanencia o no de los 32 Organismos Públicos Electorales Locales (OPLE); la revisión de determinadas facultades del Instituto Nacional Electoral ( INE ); la desaparición de un porcentaje de curules que son electos por la vía de la representación proporcional; la renovación de las y los consejeros del INE, así como de las y los magistrados electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ( TEPJF ) para que sean electos por el voto directo de las y los ciudadanos, entre muchas otras propuestas, ideas y, porque no decirlo, ocurrencias.
No obstante, e independientemente de lo que definan las y los legisladores, considero que sería una buena oportunidad para analizar otros temas que son fundamentales. Expongo sólo algunos a continuación.
-Redefinir el financiamiento público que reciben los partidos políticos, con miras a cumplir con dos objetivos: reducir los mismos conforme a diversos indicadores socioeconómicos, así como establecer, en el mismo financiamiento, criterios más equitativos que permita una mejor y más clara competencia electoral.
-Elevar el financiamiento para la capacitación y empoderamiento de las mujeres para que vaya en sintonía con las reformas en la materia y con las acciones instrumentadas por el INE y el TEPJF.
-Valorar la implementación del voto por internet , no solo como opción de votación para las y los mexicanos residentes en el extranjero, sino también para instituirse al interior de la República.
-Incorporar el uso de urnas electrónicas , de forma gradual, para las y los ciudadanos que asistan de manera presencial el día de la jornada electoral a emitir su derecho al sufragio.
-Valorar la conformación de centros de votación en donde la cercanía, logística y vías de acceso lo permitan.
-Valorar la conveniencia de registrar el cómputo que realizan los Consejos Distritales, no el miércoles siguiente al que tuvo verificativo la jornada electoral como lo dispone la legislación electoral federal, sino el mismo domingo de la elección una vez concluida la jornada electiva y con la recepción de los correspondientes paquetes electorales.
-Revisar la viabilidad del voto adelantado y/o domiciliario para personas en situación de vulnerabilidad o bien, por razones de discapacidad, en servicio profesional, entre otros.
-Incorporar en la legislación electoral, en atención al principio de presunción de inocencia y en defensa y promoción del derecho a votar, el derecho al voto de las personas en prisión preventiva.
-Incorporar en la legislación electoral las determinaciones tanto de los órganos electorales administrativos como jurisdiccionales para asegurar la paridad en gubernaturas.
-Incorporar las diversas acciones afirmativas instrumentadas por el INE y determinadas por el TEPJF en la legislación electoral, incluso revisando la potencialización de sus derechos políticos y electorales.
-Determinar en la normativa electoral la causal de nulidad electoral por violencia política contra las mujeres en razón de género, entre varias propuestas más que he expuesto en diversos medios y foros de comunicación.
Estas breves consideraciones, están presentadas a la luz de dos máximas. Por un lado, fortalecer los derechos políticos y electorales de todas y todos los ciudadanos; por el otro lado, hacer de las elecciones procesos más ágiles, dinámicos y con un enfoque que genere, en un mediano plazo, ahorros presupuestales en beneficio de nuestra nación. Ojalá, las y los legisladores sean sensibles a estos temas expuestos de manera breve y pueda construirse, si así lo determinan, una reforma a la altura de las necesidades del país y en defensa del sistema democrático que hemos logrado a lo largo de muchos años.
