En el marco del Quinto encuentro entre consejeras y consejeros del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó la compilación denominada “Experiencias y buenas prácticas en la observancia y aplicación del principio de paridad y acciones afirmativas durante el Proceso Electoral Federal y concurrente 2020-2021.”

Este documento resulta relevante toda vez que refleja de forma general, aplicabilidad de reformas que han ido fortaleciendo el empoderamiento político de las mujeres, como la del principio constitucional de paridad de género, instituida en 2014 y la reforma conocida como “Paridad en Todo” registrada en 2019. Asimismo, y conforme a acuerdos emanados del INE y a sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se establecieron diversas acciones afirmativas para grupos históricamente discriminados; a nivel federal.

En el proceso electoral 2020-2021 destaca que, a pesar de las disposiciones legales establecidas para el cumplimiento, por ejemplo, de la paridad de género, se registraron obstáculos que impidieron la misma resaltando la falta de cumplimiento de los partidos políticos en presentar fórmulas conformadas de manera paritaria, la cancelación de algunas planillas, entre otras. Además, es de destacar que diversos actores políticos impugnaron la normativa “Paridad en Todo”, situación que afortunadamente no prosperó ante los órganos electorales jurisdiccionales.

Otros obstáculos se manifestaron, pero resalta la violencia política contra las mujeres por no cumplir el principio constitucional de paridad de género que se expresaron de diversas formas que van desde la exclusión al interior de algunos partidos políticos por participar en el registro de candidaturas a cargos de elección popular, pasando por la presentación de estereotipos, hasta impedimentos de diversa índole para que las mujeres no pudieran desarrollar con plena seguridad y libertad sus tareas como candidatas.

El estudio publicado por el INE, resulta de suma importancia para comprender que, por un lado, parece caminar el legislativo que esta representado por distintas fuerzas políticas, destacando los partidos políticos y, por el otro lado, justamente los partidos políticos quienes, en una proporción, dan la impresión que no comulgan con las determinación del Legislativo generando con ello desencuentros o hasta procesos litigiosos que dificultan la aplicabilidad de la norma. Sugerimos que para conocer el estudio completo visiten el siguiente link: https://portal.ine.mx/wp-content/uploads/2022/08/Deceyec-experiencias-buenas-practicas-observancia-aplicacion-paridad.pdf

No obstante, es de destacar algunos aspectos del estudio en comento, como por ejemplo que en Aguascalientes el Congreso del Estado se integró por 14 mujeres y 13 hombres y que las mujeres en los ayuntamientos rebasaron el 55%. En Campeche de los 13 municipios que conforman la entidad 6 son gobernadas por mujeres. En Colima el Congreso local lo integran 13 mujeres y 12 hombres; en el Estado de México, la entidad con el mayor número de electoras y electores en el país las mujeres alcanzaron en la Legislatura local 34 espacios por 41 de los hombres, en tanto que a nivel municipal las mujeres lograron casi el 38% de los espacios.

El estudio muestra importantes retos por alcanzar tanto para materializar la paridad de género como para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. De igual forma, da pauta a la revisión íntegra de las entidades que cuentan con acciones afirmativas y cuáles no, así como la aplicabilidad de estas.

Finalmente, un estudio pendiente por edificar será la materialización completa de la reforma de “Paridad en Todo” que establece que todos los Poderes de la Unión, federales, locales y municipales, así como órganos autónomos y las autoridades regidas por sistemas normativos deberán estar conformados de forma paritaria.

La paridad de género, el empoderamiento femenino, la norma de “Paridad en Todo” y las normativas que se han construido para erradicar la violencia de género deben ser vistas por todos los actores políticos como instrumentos que buscan garantizar una igualdad sustantiva indispensable en un auténtico sistema democrático.

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