El ingrediente fundamental para el buen desarrollo de una nación y, en particular, del ejercicio del poder público, es la confianza que la ciudadanía tenga del mismo. La confianza es un factor que le da legitimidad a quien ostenta el poder, toda vez que, en un sistema democrático como el nuestro, el poder público es elegido por reglas en las que la mayoría de la población votar por la opción política que consideraron más conveniente.
En este sentido, nuestra nación se ha caracterizado en al menos las 3 últimas décadas en tener elecciones federales y locales pacíficas y, en donde la transferencia del poder, así sean entre distintas fuerzas políticas se desarrollan sin conflictos importantes y, en caso, de que los competidores involucrados sientan que se ha vulnerado algún proceso, está abierta la vía institucional para interponer los medios de impugnación que estimen pertinentes y serán los órganos electorales jurisdiccionales quienes resolverán, en definitiva, lo conducente.
En estas tres décadas las reglas de nuestro sistema democrático han cambiado en el sentido de fortalecer la confianza de la ciudadanía, tan es así que, por ejemplo, una de las instituciones del Estado mexicano que más confianza le tiene la población es justamente el Instituto Nacional Electoral (INE) por tres factores fundamentales. Por un lado, debido a que la ciudadanía sabe que su credencial de elector es un instrumento confiable que hoy, es utilizada prácticamente como una cédula de identidad nacional para la realización de múltiples trámites. En segundo lugar, las y los ciudadanos saben que las elecciones se organizan bien y, lo más importante, que su voto cuenta y lo hace para la opción que definieron al momento de depositar su sufragio.
Esto ha permitido que hoy tengamos un sólido sistema democrático electoral, por ello, y ante una posible reforma electoral en diversas leyes en la materia, es importante que el Legislativo cuide esta confianza que tanto trabajo costó construir y no impacte cambios que puedan ser regresivos del avance logrado.
Entre los principales aspectos que veo con preocupación de esta reforma electoral, mejor conocida como Plan B, encuentro entre otros, los siguientes:
· La propuesta de eliminar los órganos desconcentrados permanentes del INE le veo un alto riesgo con todo y que su lugar fuera operada por una Oficina Auxiliar, lo que me parece que atentaría contra los trabajos que realizan estas instancias como la de la revisión de la cartografía electoral, la ubicación de módulos de atención ciudadana para los trámites relacionados con la credencial de elector, en su oportunidad, la ubicación de casillas electorales donde todas y todos asistimos a votar, entre otras.
· Prescindir de una estructura perteneciente a un servicio civil de carrera podría contraer el riesgo de que el INE se hiciera de personal con poca experiencia para la realización de trabajos altamente especializados. La propuesta de Plan B considera una reducción de aproximadamente el 85% de este personal de carrera.
· Se afecta el proceso de integración de las casillas al reducir tiempos para reclutar y capacitar a las instancias encargadas del correcto funcionamiento de las casillas lo que podría comprometer la calidad de la atención ciudadana el día de la elección.
· Se presenta una regresión a las acciones afirmativas y de paridad que va en sentido contrario al principio de progresividad de los derechos humanos, ya que la propuesta establece 25 postulaciones de personas pertenecientes a grupos discriminados o subrepresentados, disminuyendo los avances logrados hasta entonces en donde, tan solo en la elección de 2021, fueron electas 65 personas por acciones afirmativas.
· Existen afectaciones al modelo de fiscalización electoral que atenta contra la transparencia y la rendición de cuentas, ya que, por ejemplo, la propuesta elimina, entre otros aspectos, la sanción relativa a la pérdida del registro de alguna precandidatura o candidatura en los casos en los que se omita presentar el informe de gastos o sea rebasado el tope de gastos correspondiente.
· La propuesta presenta caminar hacia la materialización del voto electrónico por internet lo que me parece muy positivo, solo que la misma está mal planteada, ya que indica que se crearía una comisión que analice el tema y cuyos resultados expondrá hasta en un periodo de 5 años, en tanto deben de suspenderse lo realizado hasta el momento. A esto hay que decir que el INE ha implementado este mecanismo de voto por internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero desde 2021, lo que podría implicar la afectación de derechos ya adquiridos derivado de sentencias del máximo tribunal electoral del país.
Éstas, entre muchas más, son las afectaciones al actual sistema democrático electoral, pero lo que más me preocupa es que, de implementarse, podría traer como consecuencia inequidad en las contiendas electorales, falta de transparencia en diversos procesos, dificultad en la organización electoral, así como un posible incremento de medios de impugnación lo que podría judicializar las elecciones, dando como resultado el descontrol y eventualmente la pérdida del principal ingrediente de la democracia: la confianza de la ciudadanía.
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