La normatividad electoral de nuestro país es una de las más complejas en el mundo, primero, por la serie de leyes que la regulan pues además de las disposiciones establecidas en la Constitución Política, tenemos la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ; la Ley General de Partidos Políticos; la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Además de estas leyes son importantes los reglamentos emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE); la serie de acuerdos de su Consejo General, máximo órgano de decisión; los lineamientos emitidos, así como una amplísima gama de resoluciones y jurisprudencia en la materia determinados por los órganos jurisdiccionales electorales.
Todo este abanico de ordenamientos legales constituye la columna vertebral por la que tienen que transitar tanto las autoridades electorales, los actores políticos y la propia ciudadanía para la renovación periódica del poder público.
Gracias a estas disposiciones nuestra democracia se ha ido consolidado en los últimos años. Pensemos tan sólo en algunos procesos simples que viven las y los ciudadanos de esta nación. Pongo de forma ilustrativa unos ejemplos.
Cuando los jóvenes se incorporan por primera vez al registro de electores, o cualquier ciudadano que realiza algún trámite de reposición o cambio de domicilio en las oficinas de atención ciudadana del INE, encontramos que la credencial de elector guarda varios candados de seguridad que la han posicionado no solo como un instrumento de identificación electoral sino se ha convertido prácticamente en una especie de Cédula de Identidad Nacional que nos sirve para la realización de cualquier trámite.
Cuando asistimos a votar por al partido político, coalición, candidata o candidato de nuestra preferencia quienes nos atienden son nuestros propios vecinos y vecinas que, entre otras importantes responsabilidades, se hacen cargo del cómputo de los votos depositados en las urnas que, dicho sea de paso, votamos gracias a que nos acreditamos en la lista nominal, registramos nuestro voto en una mampara que garantiza la secrecía del voto y lo depositamos en una urna transparente.
Hoy las y los electores tienen la posibilidad de votar por candidatas y candidatos que compiten en igualdad de circunstancias gracias a que el Legislativo elevó a rango constitucional el principio de paridad de género que nos coloca como una sociedad más igualitaria. Aunado a esto, las autoridades electorales han dispuesto diversas acciones afirmativas que permiten a personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual, migrantes y residentes en el extranjero ser postuladas a cargos de elección popular.
Asimismo, tanto a nivel federal como en la mayoría de las entidades federativas las y los mexicanos residentes en el extranjero pueden votar por los cargos dispuestos en la normativa electoral lo que fortalece los derechos políticos electorales de nuestras y nuestros connacionales.
Ahora bien, el día de la jornada electoral las y los ciudadanos podemos darnos cuenta de los resultados de nuestra casilla, pero de forma pública existen Conteos Rápidos que dan las tendencias electorales, así como el Programa de Resultados Electorales Preliminares.
No obstante, es el cómputo de las elecciones quienes dotan de los resultados electorales dejando a salvo el derecho de las y los participantes a impugnar ante los tribunales electorales si así los estiman conveniente.
Todo este caminar va de la mano con un tema que ha permitido la transparencia y la rendición de cuentas respecto al ejercicio de los recursos que de manera pública son utilizados en el desarrollo de las campañas electorales que, en ocasiones, derivan en sanciones o inclusive en la nulidad de alguna elección: la fiscalización electoral.
Todo este andamiaje junto con un sinnúmero de procesos más, han permitido que hoy las y los ciudadanos confíen en el sentido de su voto, en las instituciones electorales y en poder contar con un instrumento para ratificar a un gobierno o bien, les da el poder de considerar otra opción.
Por estas razones y muchas más es que nos conviene a todas y a todos respetar las reglas electorales; partidos, funcionarias y funcionarios, actores políticos y por supuesto a la ciudanía. Sólo así generamos una sociedad armónica en el que quien alcance el triunfo lo haga por el convencimiento ante el electorado y no por artimañas que descomponen y nulifican el engranaje de cualquier sistema democrático.