El Instituto Nacional Electoral presenta en cada sesión ordinaria de su Consejo General, su máximo órgano de dirección, un informe sobre la situación presupuestal de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de cada una de las entidades federativas. En este sexto informe presentado de manera pública corte de información al 26 de julio contiene datos que consideramos importante analizar.
El informe se integra con la propia información que los OPLE proporcionaron al INE sobre su situación presupuestal. De entrada, se observa el recorte presupuestal que sufrieron 29 de los 32 OPLE para el ejercicio fiscal 2021. Consecuentemente, las solicitudes de ampliación presupuestal no se hicieron esperar, pero únicamente se ministraron a estos 29 OPLE una tercera parte de los recursos.
El informe presenta una especie de semaforización basado en dos colores. En amarillo las instituciones electorales locales que se consideran en riesgo moderado, es decir, aquellas que tendrían un impacto moderado en la ejecución de sus actividades operativas respecto de las funciones de los propios OPLE.
En rojo están los OPLE con riesgo considerable, es decir, los que tendrían un impacto importante en la puesta en marcha de diversas actividades institucionales en razón de sus atribuciones legales. En total son 15 OPLE que se encuentran en esta semaforización de riesgo moderado y considerable.
Son dos entidades, Aguascalientes y Michoacán las que se encuentran en un riesgo considerable (están en rojo) en tanto que 13 OPLE tienen un riesgo moderado (se encuentran en amarillo): Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa, Nayarit, Colima, Tlaxcala, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Zacatecas y la Ciudad de México.
Inicialmente en el caso de Aguascalientes solicitó un presupuesto por más de 136 millones de pesos, de los que se le otorgaron casi 84 millones, es decir, sufrió un recorte de 53 millones de pesos por lo que el OPLE solicitó una ampliación de 35 millones de pesos. Michoacán, solicitó un presupuesto de poco más de 407 millones de pesos y le fueron otorgados poco más de 347 millones, es decir, tuvo un recorte de más de 60 millones de pesos, por lo que solicitó una ampliación presupuestal de más de 44 millones de pesos.
Pero más allá de la semaforización presentada en el informe en razón de las diferencias entre los montos solicitados y autorizados, lo preocupante es que algunos OPLE no tengan la totalidad de los recursos planificados y presupuestados para sacar adelante sus actividades que, la gran mayoría, están encaminadas justamente a la revisión, planeación y operación de sus elecciones locales.
De hecho, algunas entidades con estas problemáticas tendrán elecciones el año que entra, como Aguascalientes, Quintana Roo y Tamaulipas y, al menos en el caso de Aguascalientes y Tamaulipas sus procesos electorales inician el primero de noviembre y 12 de septiembre de este año, respectivamente. Solamente el Estado de Quintana Roo empezaría su proceso electoral local el 2 de enero del año que entra.
Según el informe, las respuestas a estos 15 OPLE respecto a las solicitudes de ampliación presupuestal ha sido diversa ya que en algunos casos la respuesta ha sido parcial, en otros, se está en espera de alguna respuesta o bien, simplemente las solicitudes han sido negadas.
Lo que tenemos de frente es un factor mayúsculo que podría devenir en el incumplimiento de diversas disposiciones constitucionales y legales que obliga a los OPLE, pero también a todas las instancias involucradas, a ser partícipes de los engranes nuestro sistema democrático, entre ellos, la renovación periódica de elecciones.
Ojalá las instancias competentes analicen con detenimiento esta problemática y pueda ser solucionada para fortalecer nuestro sistema democrático que ha costado mucho edificarlo.
