Un aspecto que preocupa a todos los sistemas democráticos es la participación de su ciudadanía en eventos electivos en donde deciden el rumbo del poder público de manera periódica. La asistencia de los electores debidamente registrados en los listados nominales acredita no sólo que la población esté consciente de determinadas normas generales de los procesos electorales o de los mecanismos de participación ciudadana, sino también, reafirma el sistema en su conjunto y legitima a las autoridades que resultan electas por el voto mayoritario.
Sin embargo, a pesar de que constitucionalmente el votar es un derecho y con todo y que la no participación implica una sanción que se traduce en la pérdida de nuestros derechos políticos y electorales que, al no estar plenamente regulada, la asistencia o no en elecciones o en ejercicios de participación ciudadana como son el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, entre otros, se vuelve opcional.
Consecuentemente, nuestro derecho al voto es tangencial, es decir, votamos en razón de determinadas circunstancias, llámense deber ciudadano, ética cívica, deber personal, convicción propia, etc. Esto se traduce en que el rumbo del país se decide únicamente por quienes sí votan. Me explico.
En la pasada elección del 6 de junio fue muy importante la participación de la ciudadanía en la elección más grande que haya tenido nuestro país en virtud de los más de 20 mil cargos de elección popular en disputa. Diversas instancias celebraron la asistencia más copiosa de la población que se haya registrado en una elección federal denominada intermedia, que ha logrado la mayor asistencia en el presente siglo. Votó poco más del 52% de la ciudadanía.
Esto significa que poco más del 47% no participó por diversos motivos. Por ello, se hace necesario construir algunos referentes que pueden incentivar la participación de la ciudadanía en elecciones como en los mecanismos denominados de votación directa. Entre las consideraciones que apunto para su análisis y deliberación subrayo los siguientes:
-El análisis de la conveniencia de implementar herramientas electrónicas para la recepción del voto tales como la urna electrónica para el voto presencial en las casillas, o bien, tal y como el INE lo ha integrado para las y los ciudadanos residentes en el extranjero, la posibilidad de utilizar un sistema por internet para quien así lo decida. Este último mecanismo, podría inclusive integrar un periodo determinado de tiempo para el registro del voto, por ejemplo, una semana.
-La generación de diversos incentivos para que la población participe activamente también resultaría importante, por ejemplo, la determinación de autoridades de diversos apoyos en descuentos en el pago de servicios, si comprueba que voto, esto independientemente por el partido, coalición, candidato o candidata de su preferencia.
-En los mecanismos de participación ciudadana, en el que sigo convencido de que no deben de empatarse con las elecciones constitucionales, podrían ser un buen referente en la utilización de la tecnología para que la población se vaya familiarizando con ello. Además, para estos ejercicios podría ser obligatorio, hasta por una cuestión de economía presupuestal, el uso del internet para que la población pueda emitir su opinión desde una computadora fija que esté en su casa, oficina, en la mesa receptora de opinión el día de la jornada, desde una laptop, una Tablet o, simplemente, desde su teléfono móvil.
El principal referente de estas anotaciones que apunto van en dos sentidos. Por un lado, incorporar la tecnología en los procesos electivos y de participación ciudadana en aras de alcanzar una mayor participación; por el otro, además de eficientar procesos, abaratar en un mediano plazo estos referentes de nuestro sistema democrático.
El Legislativo tendrá la última palabra.
