El Instituto Nacional Electoral (INE) está llevando a cabo un Foro en donde analiza la viabilidad de implementar el voto electrónico en nuestro país. Por voto electrónico debemos entender los mecanismos y procesos por los que la ciudadanía vota a través de urnas electrónicas o bien, utilizando el internet.

En el caso de las urnas electrónicas, éstos instrumentos vienen utilizándose por los institutos electorales locales desde hace más de 15 años y más de la mitad de las entidades federativas del país las han utilizado por diversos motivos que van desde la utilización de ejercicios cívicos para que la población se familiarice con los mismos, pasando por otros que de forma vinculante han sido utilizados para opinar sobre diversas políticas públicas, la elección de dirigencias partidistas en diversas demarcaciones, ejercicios de participación ciudadana, hasta su uso en elecciones constitucionales.

El INE por su parte ha sido cuidadoso en analizar el tema con profundidad. En la elección de 2021, por ejemplo, apenas utilizó 100 urnas electrónicas para igual número de casillas de las más de 164 mil casillas que se instalaron, es decir, apenas el 0.06%. Para 2022, se instalaron nuevamente 100 urnas para las más de 21 mil casillas que se instalaron en las 6 entidades federativas que tuvieron elecciones locales. Me parece imposible proyectar las bondades, dificultades o desafíos con un número tan limitado de urnas electrónicas.

Ahora bien, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha determinado que la urna electrónica es una modalidad de voto, amparada por la normativa constitucional, legal e incluso internacional que ha sentado bases en la propia jurisprudencia de dicho órgano jurisdiccional ya que permite garantizar el ejercicio del voto de las y los ciudadanos de forma libre, secreta y directa.

Para el caso del voto por internet el mismo ya se ha implementado desde 2012 por el otrora Instituto Electoral del Distrito Federal para recibir el voto de la ciudadanía originaria de la hoy Ciudad de México para la jefatura de gobierno. Posteriormente, aunque la reforma constitucional de 2014 avaló su uso para las y los mexicanos residentes en el extranjero, es hasta la elección de 2021 que 9 entidades federativas lo utilizaron para la elección de la gubernatura, una para una diputación de representación proporcional y otra más para una diputación migrante con los criterios y lineamientos establecidos por el INE. En 2022, cuatro de los 6 estados en donde hubo elecciones locales y que sus legislaciones electorales lo permiten, recibieron el voto de sus connacionales para la elección del ejecutivo local.

El voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero tiene dos modalidades a elección de la ciudadanía, uno la postal y la otra el voto por internet. En 2021, por ejemplo, más del 66% de las y los participantes prefirieron el mecanismo por internet.

El TEPJF ha confirmado los criterios y lineamientos que el INE ha establecido para la implementación del voto electrónico por encuadrar en nuestro marco constitucional y que maximiza los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Asimismo, han existido algunos pronunciamientos de magistrados electorales de nuestro máximo tribunal electoral en la materia que han indicado, incluso, que el INE tendría las atribuciones para implementar el voto por internet no solo para las y los mexicanos residentes en el extranjero, sino también al interior de nuestra nación lo que implicaría todo un reto para el órgano electoral administrativo.

Bajo este contexto y ante las evidencias documentales que el voto electrónico es una herramienta que permite el ejercicio del voto con seguridad, hay otros elementos que son importantes considerar para evaluar su gradual incorporación a la forma de planear y organizar las elecciones en México.

El voto electrónico asegurando la participación de partidos políticos, transparencia en cada paso para su posible implementación, auditado en sus diversos procesos y garantizando los requerimientos legales para asegurar el voto secreto, individual, libre, intransferible, personal y universal, podría traer al menos, los siguientes beneficios:

· El voto electrónico permitiría interactuar con la o el elector para verificar si la opción que eligió para votar por el partido político, coalición o candidatura es la correcta, igual que sucede en un cajero automático cuando se nos pregunta si la cantidad solicitada de retiro es la correcta;

· Se eliminaría el uso de papel en la impresión de boletas electorales por tipo de elección, así como de diversa documentación electoral;

· Podría eliminarse el número de funcionarios de casilla;

· Se eliminarían los errores en el escrutinio y cómputo de votos registrados, lo que implicaría, a su vez, una disminución de algunos medios de impugnación;

· La posibilidad de ahorro de días de trabajo al cuerpo electoral;

· Una posible mayor participación ciudadana, sobre todo, si el voto por internet pudiera ejercerse con algunos días de anticipación;

· El voto electrónico podría ahorrar recursos al eliminar los programas de resultados electorales preliminares, así como los conteos rápidos;

· El voto electrónico permitiría que el cómputo de los votos se pueda a dar a conocer el mismo día de la elección con la reforma electoral correspondiente;

· El voto electrónico traería ahorros presupuestales importantes en un mediano plazo en beneficio de nuestra nación que tanta falta le hace;

· El voto electrónico permitiría procesar datos estadísticos que le permitan a la autoridad electoral, a académicos y otras instancias diversos análisis sobre los resultados electorales obtenidos, entre muchos más.

Estos elementos descritos juntos con los desafíos correspondientes seguramente serán analizados en el importante Foro llevado a cabo por el INE, y por la Consejera Electoral Carla Humphrey que cuenta con amplia experiencia en la materia.

Esperamos que el Legislativo sea muy receptivo en conocer y analizar esta forma alternativa de votación. Al final, el objetivo debe ser darle a la ciudadanía de la seguridad, eficacia, transparencia y la garantía de que su voto será contado con las medidas legales establecidas en la normativa electoral.

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