México es una República que ostenta, de acuerdo con su Constitución Política, un sistema democrático como condición de respeto y salvaguarda de los derechos fundamentales que se encuentran delineados en nuestra Carta Magda y en sus leyes secundarias.
Bajo este contexto, la democracia es un sistema que engloba a toda la sociedad para que cada habitante se desarrolle con respecto irrestricto a sus derechos, obligaciones y libertades, y en donde el Estado tiene la obligación de dar todas las garantías para el adecuado desarrollo de todas y todos sus habitantes.
Vivir en democracia está estrechamente relacionada con un Estado de Derecho, con la búsqueda de una igualdad de derechos entre hombres y mujeres; con una equidad social; con el desarrollo y bienestar permanente de la población en todos los ámbitos necesarios para su desarrollo pleno; con la formación de valores que como sociedad nos conviene: igualdad, libertad, tolerancia, respeto, entre otros.
Por ello, se hace imprescindible defender nuestra democracia que, dicho sea de paso, en nuestro país ha costado mucho trabajo edificarla a lo largo de muchos años para que tengamos derechos, obligaciones; para que nuestro voto cuente; para manifestarnos libremente; para poder expresar nuestra opinión; para dirimir nuestras diferencias por vías institucionales; para decidir nuestro futuro, lo que queremos y cómo lo queremos.
Bajo este contexto, para entender los alcances de nuestras obligaciones y derechos en democracia y para exigir al Estado que cumpla sus funciones, la educación es una parte fundamental para toda nación.
En México, y hay que decirlo, la pandemia por COVID-19 ha sido uno de los factores que han repercutido en contra de la educación, así de acuerdo con la encuesta para la medición del impacto del COVID-19 en la educación (ECOVID-ED) de 2020, reportó que 33.5 millones de personas entre los 3 y 29 años estuvieron inscritas en el ciclo escolar 2019-2020 (que constituyen el 62% del total).
De este universo, 740 mil personas (2.2%) no concluyeron dicho ciclo escolar por dos razones básicas: el 8.9% por falta de dinero o por los recursos suficientes, y el 58.9% por alguna causa asociada al COVID-19.
Como podemos observar aquí ya se tenía una alerta para que, desde las instancias de gobierno se llevaran a cabo acciones importantes para revertir esta situación. No obstante, para el ciclo escolar 2020-2021 se inscribieron 32.9 millones de personas equivalentes al 60.6% de la población total de entre 3 y 29 años. Llama la atención que 5.2 millones de personas (9.3% del total), por motivos relacionados por la falta de recursos o por COVID-19 no se inscribieron a dicho ciclo escolar.
Ahora bien, el INEGI (2020) registra que los habitantes de 15 años y más tienen un promedio de 9.7 grados de escolaridad, lo que se traduce en un equivalente a poco más de la secundaria concluida. Esto trastoca y va en sentido contrario a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, pues ¿dónde queda la obligación del estado mexicano del derecho a la educación? O, dicho de otro modo, ¿podría evaluarse este bajo nivel educativo con el bajo nivel alcanzado por las instancias gubernamentales?
Para contar con una democracia plena, incluyente, transparente, equitativa y con un auténtico Estado de Derecho, el gobierno debe construir una planificación que haga pública para elevar el nivel educativo en nuestro país. El gobierno debe apostar por la educación, sin ella estamos destinados al fracaso y México no lo merece.
Si queremos tener una mejor sociedad y competir con las mejores naciones del mundo exijamos al gobierno mejores políticas públicas educativas y menos ataques a distintas instituciones, sobre todo de educación superior que solo dañan a las próximas generaciones que conducirán este país. La educación de cualquier nación es el futuro de esta.
