En una colaboración anterior señalamos algunos aspectos importantes de la elección más grande que haya tenido nuestro país, me refiero a las elecciones del año que entra.
Entre algunos aspectos descritos resaltamos la importancia de que la autoridad electoral convenza al segmento de la población juvenil de votar, esto en razón de que son los que menos participan.
Otro rubro fundamental es la vigilancia, por parte de la autoridad electoral nacional (INE) de revisar el cumplimiento por parte de los partidos políticos de la paridad de género en candidaturas, en el seguimiento de su aplicabilidad en la representación política y en construir el camino que permita materializar la paridad en todo. Al respecto, uno de los temas que, de acuerdo a información difundida en medios de comunicación que ha causado cierta expectativa, es ver si el INE se pronuncia sobre un tema que, de entrada, será complejo: la paridad en gubernaturas; recordemos que el año que entra 15 entidades federativas renuevan al ejecutivo local.
Un rubro que hay que seguir está relacionado con el voto de las personas en prisión preventiva. El asunto surgió a raíz de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolviera juicios ciudadanos (SUP-JDC-352/2018 y su acumulado SUP-JDC-353/2018) en la que determinó que las personas que se encontraran en prisión y que no hubiesen sido sentenciadas tienen el derecho a votar, toda vez que las mismas se encuentran amparadas bajo el principio de presunción de inocencia.
Bajo esta consideración el Tribunal Electoral ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) implementar una prueba representativa para conocer los alcances y necesidades que lleven a la materialización de este voto.
Sobre el uso de la tecnología, será interesante ver si el INE, en coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales implementa en algunas entidades federativas, la utilización de urnas electrónicas como insumo fundamental para avanzar no solo en la modernización de las elecciones, sino también, para buscar generar procesos más ágiles, más oportunos en la emisión de datos como lo son los propios resultados electorales y de paso, en la búsqueda de generar ahorros que sean importantes para el país.
No obstante, una de las principales inquietudes de la sociedad en general es, por un lado, la forma en que se gastan los recursos los actores políticos que participan en elecciones, y por el otro, conocer de la autoridad electoral, los resultados de la fiscalización, elemento clave que permite generar certeza y equidad en cualquier elección.
Esta parte de la fiscalización se erige como un mecanismo de rendición de cuentas sobre el origen y el destino de los recursos que son utilizados por los partidos políticos, precandidatos y precandidatas, aspirantes, así como de candidatos y candidatas durante los procesos de precampaña, campaña tanto en elecciones como en su etapa ordinaria.
Los resultados de la autoridad electoral del INE en materia de fiscalización y en los otros temas referidos y la posición que adopte el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a sus resoluciones, serán los referentes de un país en donde prevalece el Estado de Derecho sobre intereses políticos.
Por ello, esta elección, independientemente de sus resultados deberá ser, una vez más, un elemento de consolidación de nuestro sistema democrático.
