El camino hacia el reconocimiento de la libertad de expresión ha sido largo y tortuoso. El primer país en que tuvieron lugar manifestaciones claras al respecto fue Inglaterra, a partir de la célebre Carta Magna de 1215; y, más adelante en el tiempo, la Petición de Derechos (1628) y la Declaración de Derechos (1628).
La llegada de la imprenta, lejos de favorecer esta libertad, supuso la imposición de distintos mecanismos de censura. Por ejemplo, el siglo XVII se caracterizó por la implantación de diferentes normativas que tenían como objetivo claro la censura previa de todo lo que se pudiera leer.
Tuvieron que trascurrir más de tres siglos para que gradualmente se comenzara a hacer efectiva la libertad de expresión en distintos países de mundo. Desde la “Areopagítica”, de John Milton; las declaraciones de derechos en los Estados Unidos de América y Francia; la célebre obra de John S. Mill, “On liberty”; los votos particulares de los jueces de la Corte Suprema estadounidense, Oliver Wendell y Louis Brandeis, hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos garantes de derechos, tanto en el orden internacional como en el doméstico.
Actualmente, la libertad de expresión es uno de los derechos humanos que más se hacen valer, derivado, entre otros muchos factores, de la diversificación en las formas de transmitir mensajes, principalmente a través de las redes sociales. Es fácil estar al día de los acontecimientos más relevantes que tienen lugar en cualquier parte del mundo. Podemos incluso debatir con personajes públicos, externar nuestras opiniones sobre el tema que sea e, incluso, generar “noticias”.
Todo parece indicar que desde los tiempos de la Areopagítica a los que corren, el péndulo ha oscilado hacia el lado diametralmente opuesto al de la censura, al grado de conferirse a la libertad de expresión el carácter de derecho casi absoluto, sin que nos hayamos detenido a considerar que su ejercicio indiscriminado puede derivar en la violación de muchos otros derechos como es el caso de la intimidad, el honor y la reputación.
Las palabras pueden servir para muchas cosas y lo que hacemos con ellas es un tema que nos debe llevar a reflexionar, pues lo mismo se puede insultar que alabar, difamar, bromear o consolar. De ahí que la libertad de expresión no pueda ni deba considerarse un derecho absoluto, sino limitado por el contenido de lo que se expresa y, por lo mismo, resulte absurdo apelar a un “derecho al insulto”. No en vano el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
establece que el ejercicio de la libertad de expresión se encuentra limitado por el respeto a la reputación de los demás.
Me parece que el correcto uso de la libertad de expresión debe pasar por un doble tamiz: allegarse de toda la información que permita el mayor acercamiento a la verdad de los hechos; y, en segundo lugar, hacer valer lo que se piensa, pero con la objetividad que deriva de una obligada reflexión y procurando evitar las ofensas personales.
Cada vez es más común la omisión de estas reglas mínimas de sensatez, civilidad y buena convivencia. Todos los días, sin excepción, nos encontramos con fake news, comentarios ofensivos y hasta difamatorios.
La libertad de expresión es realmente útil y benéfica al menos para tres cosas. En primer lugar, desde la perspectiva del receptor del mensaje puede ser la mejor ruta para el conocimiento. En segundo lugar, desde esa misma óptica, es muy útil para propiciar que los servidores públicos, políticos y otros actores se mantengan sujetos al escrutinio público; y, en tercer lugar, es una fuente importante de empoderamiento del ciudadano frente al poder político.
Todas estas ventajas y otras más hacen de la libertad de expresión un valor fundamental para el adecuado desarrollo de la vida en comunidad; sin embargo, si no se ejerce con las debidas medidas de prudencia y una adecuada ponderación, puede ocasionar daños muchas veces irreversibles en perjuicio de los demás y, en consecuencia, de una sana convivencia social
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