En los últimos meses se han escuchado debates ríspidos en los medios de comunicación sobre la pertinencia de una reforma electoral y próximamente en San Lázaro se discutirá la propuesta del Ejecutivo Federal. La reflexión que debemos hacer no es menor. Recordemos que en México hemos invertido mucho en el diseño de nuestro sistema electoral y es cierto que continúa vigente la gran apuesta por perfeccionarlo.
Ante la pregunta de cómo podemos mejorar nuestro sistema electoral, me parece que algunas de las respuestas para lograrlo podemos encontrarlas en las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a partir del papel que desempeña como Tribunal Constitucional.
Uno de los once jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Luis Roberto Barroso, ha explicado que los Tribunales Constitucionales cumplen (además de un rol contramayoritario y representativo que ahora no quisiera tocar) con una labor iluminista como él la denomina. El rol iluminista de un tribunal se da en el momento en que los jueces, haciendo uso de la razón pura y el rigor técnico, toman decisiones que fortalecen los derechos de un sector para transformar la realidad o promover avances sociales, aun cuando la sociedad en general o la política no están de acuerdo con esos cambios.
Pues bien, el Tribunal Electoral ha emitido importantes decisiones de corte iluminista. Por mencionar algunas, si bien en un momento no tan lejano se refutó socialmente la participación de la mujer en la política, la Sala Superior cuestionó los estereotipos sociales y las malas prácticas que, al interior de los partidos, impedían una plena participación política. En ese contexto, en el pasado proceso electoral ordenamos a los partidos políticos que postularan a 7 mujeres a las gubernaturas, del total de 15 que estaban en juego, y mediante otra de nuestras sentencias se reasignó la curul que permitió por primera vez en la historia de México la paridad plena en la cámara de diputados, es decir, 250 hombres y 250 mujeres.
Otro ejemplo: a pesar de que históricamente, se había afirmado que las personas residentes en el extranjero perdían cierto vínculo con el territorio nacional por ese hecho y, que, por ende, no podían ocupar cargos de elección popular, la Sala Superior ordenó reservar diputaciones para mexicanos que se encuentran en el extranjero, haciendo una realidad la representación migrante.
Casos como estos hay muchos otros, pero lo que quisiera transmitirle con todo esto, estimado lector o lectora, es que, si vamos a discutir una reforma electoral, eso es bastante positivo y debe ser bienvenido siempre y cuando se tomen en cuenta los avances que ya se han dado a través de esas sentencias iluministas y se establezca el diálogo constructivo con todos los sectores de la sociedad.
Desde el ámbito académico o la sociedad civil organizada se han realizado también críticas muy relevantes que deben escucharse con atención, como por ejemplo el presupuesto que necesitan para su independencia las autoridades electorales locales; las condiciones de inequidad que sufren las candidaturas independientes; reevaluar el modelo de representación proporcional para evitar las distorsiones que dan pie a la sobrerrepresentación; analizar la introducción del voto electrónico a nivel federal; o bien, revisar el modelo de comunicación política basado en spots.
Si vamos a hablar de reforma electoral, hagámoslo de manera abierta y sobre los temas que realmente interesan a la ciudadanía, tomando en cuenta los avances que a punta de sentencias se han dado y en aquellos rubros que objetivamente requieren una mejora. Jueces, académicos y la sociedad en general queremos participar para seguir avanzando en materia electoral y en la construcción de una democracia más sólida para nuestro país bajo el principio de progresividad.
Magistrado de la Sala Superior del TEPJF.