Nos encontramos en medio de las campañas del más grande proceso electoral de nuestra historia. Son tiempos en los cuales los ánimos de los partidos contendientes se elevan, los bandos partidistas expresan discursos que tratan de mostrar las virtudes de sus propuestas y critican con intensidad las propuestas de los adversarios.
El partido oficial se identifica con el gobierno de turno, mientras que la coalición opositora se muestra contraria a mantener las políticas en curso. Se trata de un mercado normal de las ideas en una contienda electoral que no tiene porqué ser tersa o tranquila, sino todo lo contrario. Todo eso es parte del ejercicio democrático. Por supuesto, siempre y cuando la oferta propagandística siga las reglas establecidas en el sistema constitucional. Ahí están las instituciones electorales para constatar su cumplimiento y, en su caso, fijar sanciones.
Sin embargo, los ánimos, los dimes y diretes de los partidos y candidatos pueden salirse de control ético. Se llegan a escuchar voces que señalan al Tribunal Electoral “cooptada por el oficialismo”. Pero a la siguiente semana totalmente lo opuesto, que es una institución “cooptada por la oposición”. Todo depende de si una sentencia le dio la razón al partido oficial, o si le dio la razón a la oposición.
En ese ir y venir de las manifestaciones, las instituciones electorales juegan un papel de árbitro y que no debe llevar a errores de apreciación. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no puede ser opositor al gobierno, no puede identificarse con grupos, simpatizantes o despachos de la oposición. Tampoco puede ser una institución oficialista, No puede ponerse del lado de un bando ni del otro. No es su función y mucho menos su competencia.
El Tribunal Electoral es un órgano jurisdiccional que ejerce sus competencias con independencia y autonomía del resto de los poderes públicos.
Demostrar la independencia, sin embargo, no es tarea sencilla en una sociedad polarizada. Quienes integramos al Tribunal Electoral no podemos renunciar a ese deber de ser y parecer independientes e imparciales. Por ello, hemos implementado acciones que buscan acreditar esas cualidades, especialmente respecto de los partidos que se disputan el poder y que litigan ante el tribunal. Sus funciones se desarrollan a la vista de todo el público, con transparencia y en una lógica de rendición de cuentas.
Por ejemplo, la ponencia a mi cargo hace públicos los proyectos de resolución de sentencia al menos una semana antes de que discutan (también públicamente) en el Pleno del Tribunal; las sesiones del Tribunal igualmente públicas, por tanto transmitidas en vivo y en directo al momento mismo de presentar nuestros argumentos y en los votamos las decisiones finales.
En lo personal, me encuentro activo en redes sociales -abiertas a todos-, donde comparto infografías con explicaciones muy sencillas de los casos más relevantes -incluso inmediatamente después de que se toma la votación-. Igualmente, publico artículos y libros en los que sistematizo los criterios y precedentes del Tribunal, explicando la justificación de las sentencias y mis propios votos. Es decir, se pretende en todo momento no dejar lugar a la opacidad o la incertidumbre respecto al porqué de la actuación de la magistratura y del propio Tribunal.
La independencia del Tribunal y de sus magistraturas no tiene ni puede tener medias tintas. Por eso debe tener la capacidad de rechazar la cooptación. El Tribunal Electoral se debe solo y exclusivamente a la Constitución y a la ley, a aplicar e interpretar las reglas vigentes.
Repeler esas intenciones y resolver los casos con neutralidad, imparcialidad, independencia y autonomía, es una responsabilidad ineludible; pero además es y será una de las más grandes contribuciones del Tribunal Electoral a la democracia mexicana. En ello toda la razón la lleva Zagrebelsky: “Somos jueces: juzgamos y somos juzgados”.
Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
