En cualquier temporada regular los competidores dan lo mejor de sí para obtener la victoria y, generalmente si pierden, la culpa es del árbitro.
Si ganan los Pumas es porque tuvieron la garra para demostrarlo en el campo, jamás se hablará del arbitraje.
Si le marcamos un fuera de lugar a Tigres o pierde el América, la culpa es del árbitro.
Esta tónica es muy similar a la que se sigue en el juego de la democracia, en donde los competidores son las y los candidatos y los partidos políticos y, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es el árbitro de la contienda electoral.
El juego democrático se distingue porque los competidores deben desarrollar sus habilidades y ganar una contienda electoral bajo reglas que buscan la equidad y certeza en el juego y, el Tribunal Electoral, vigila y determina si dichas reglas fueron respetadas o no, imponiendo las infracciones que correspondan según dichas reglas.
Esta mecánica permite que el árbitro electoral resuelva de manera pacífica y justa las demandas que los jugadores formulan.
Luego de la pasada contienda electoral, la más grande que haya registrado nuestro país o, dicho de otro modo, en donde más jugadoras y jugadores compitieron, el árbitro electoral ha buscado actuar en todo momento, con la serenidad, estudio y profundidad que merece cualquier controversia, ejerciendo con ello sus atribuciones de forma independiente, emitiendo resoluciones transparentes y bajo las condiciones establecidas en el reglamento de juego en un Estado de Derecho.
Veamos unos ejemplos que así lo demuestran.
En 2021 el árbitro electoral, debido a la omisión de presentar informe de precampaña (SUP-JDC-416/2021 y SUP-RAP-74/2021) determinó, entre otras cuestiones, confirmar la actualización de actos de precampaña a la gubernatura de Guerrero y Michoacán, respectivamente, así como ordenar al Consejo General del INE llevar a cabo una interpretación conforme a la normativa electoral a fin de imponer la sanción correspondiente a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco.
El árbitro electoral en 2022 confirmó la validez de la elección de la gubernatura de Hidalgo (SUP-JRC-82/2022) al considerar que no se acreditaron las violaciones alegadas respecto de diversas temáticas relacionadas con violencia de género, rebase de topes de gastos de campaña, violación a los principios de imparcialidad por diversos funcionarios, turismo electoral, entre otras, y se decretó ganador al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia integrada por Morena, PT y Nueva Alianza Hidalgo.
En 2021durante el desarrollo de la Consulta Popular (SUP-REP-331/2021), el árbitro electoral le dio la razón al PAN quien fue denunciante en la cadena impugnativa, pues se confirmaron las medidas cautelares dictadas al Presidente de México, pues difundió logros de un programa social a cargo del gobierno federal en una conferencia mañanera durante periodo prohibido para la difusión de propaganda gubernamental.
El árbitro electoral (SUP-RAP-391/2023) confirmó la mega multa de $62.2 millones de pesos impuesta a Morena por irregularidades en la fiscalización de su proceso interno para elegir a la persona encargada de la coordinación de la defensa de los comités de la cuarta transformación.
El árbitro confirmó la sentencia de la Sala Especializada que determinó, entre otras cosas, la existencia de las infracciones atribuidas al Presidente de la República, consistentes en promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda (SUP-REP-39/2024).
Estos casos concretos muestran con firmeza que el árbitro electoral no ha estado, está, ni estará a favor de un equipo o de otro, de una jugadora o jugador o de otro en el juego de la democracia.
Dicho de manera directa, el Tribunal Electoral no está a favor o en contra del gobierno, o a favor o en contra de la oposición.
En el juego de la democracia el Tribunal Electoral tomará las decisiones más importantes y finales de la pasada contienda electoral. Su única dirección es la Constitución Política y la ley, es decir, la observancia escrupulosa del reglamento de juego.
El árbitro electoral actuará conforme a derecho sin importar quien gane o pierda, a quien se afecte o beneficie.
Así es y será el juego de la democracia.
Magistrado Electoral del TEPJF
