Tengo 27 años trabajando en la Justicia Electoral y esta pregunta me la he hecho y repetido cientos de veces, y es que la respuesta no es obvia.
Lo mismo pudimos mencionar al crimen organizado, que a las campañas negras, que la intervención de servidores públicos de manera ilícita, que muchos otros temas que sin duda son trancedentes.
Sin embargo, en los últimos años he llegado a la conclusión, que ante esta pregunta quizá conviene regresar a los orígenes de la democracia: la ciudadanía. Y es que tenemos un sistema electoral sólido, pero tasas de participación ciudadana que no corresponden ni al gasto público invertido en elecciones, ni a la dimensión de nuestras instituciones, nuestras leyes electorales, o simplemente, la posición que México tiene en el mundo como miembro de la OCDE y el G20.
Así que a la manera de Clinton, respondería con sencillez: “Es la participación ciudadana, estúpido”.
El fenómeno a vencer es el abstencionismo y para comprenderlo tomamos como base la participación ciudadana en las elecciones federales de 1991 hasta 2021 de donde dividimos la asistencia en las urnas en dos grupos, el primero, en las que solo se renueva la Cámara de diputaciones (1991, 1997, 2003, 2009, 2015 y 2021) y un segundo, en las elecciones en donde se renueva la Presidencia de la República, la Cámara de diputaciones y la Cámara de senadurías (1994, 2000, 2006, 2012 y 2018).
En el primer grupo tenemos que en 1991 se registró la mayor presencia de la ciudadanía en las urnas con un 66%, en tanto que en el año 2003 solo participó el 41.3%. La media de participación en estas 6 elecciones se ubicó en un 51.45%, es decir, dejó de ejercer su derecho al voto el 48.55% de las y los mexicanos inscritos en la lista nominal.
Ahora bien, ¿quiénes son los que menos votan en este tipo de elecciones? A partir de los estudios censales y muestrales sobre participación ciudadana del INE de 2009, 2015 y 2021, tenemos que el mayor abstencionismo entre los 18 y 79 años correspondió al segmento de la población de los 20 a los 29 años con una media del 37.10% de participación, es decir, el promedio de abstencionismo de este segmento fue del 62.9%.
Respecto al segundo grupo tenemos que, de las 5 elecciones en el que, entre otros cargos se renovó la Presidencia de la República, la de 1994 registró una participación del 77.2% por un 58.6% de 2006 para la elección presidencial. Respecto a las diputaciones federales de igual manera en 1994 se registró la mayor participación (75.9%) y en 2006 la de menos participación (57.7%). Como podemos ver, las elecciones donde se renueva el cargo del ejecutivo federal es donde mayor presencia de las personas electoras tenemos, no obstante, la media de abstencionismo se ubicó en un 34.4%.
De acuerdo con los registros de las elecciones de 2012 y 2018 para la ciudadanía de 18 a 79 años, nuevamente el grupo de 20 a 29 años son quienes menos participan en elecciones ya que registraron una media de abstencionismo del 45.6%.
Quiero dejarlo claro: son los jóvenes, aquellos que deberían estar preocupados en mayor medida por su destino y futuro, quienes menos votan.
¿Qué podemos hacer para vencer el abstencionismo, particularmente de los más jóvenes?
Me parece que en una reforma electoral futura debe sopesarse que el financiamiento de los partidos deje de estar relacionado con el tamaño del padrón electoral, y ahora se calcule con base en la participación ciudadana.
Me explico: actualmente el financiamiento público de los partidos, se determina muliplicando .65 de UMA por el número total de mexicanas y mexicanos en el padrón electoral.[1]
En ese sentido, el artículo 41 de la Constitución debería señalar que el financiamiento público de los partidos se determinaría multiplicando el mismo .65 de la UMA pero por el porcentaje de mexicanas y mexicanos en el padrón electoral que efectivamente votaron en la última elección federal.
Esto se traduciría en un simple: si consigues que más mexicanos voten recibes más financiamiento y si no pues recibes menos.
Así, los partidos que quisieran obtener más financiamiento público tendrían que desplegar más actividades de formación y educación permanentemente, en particular de los más jóvenes y promover el voto ciudadano para favorecer la participación ciudadana.
Esta reforma electoral no convendría a los partidos, les elevaría el listón para obtener su financiamiento público, pero sin duda que podría ser útil para mejorar la calidad democrática mexicana.
Magistrado Electoral del TEPJF
@fdelamatap
[1] El artículo 41 de la Constitución, inciso a), Base II, dispone que, “El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior”.
