La incursión de las mujeres en la política no ha sido sencilla. El voto femenino se encuentra garantizado legalmente en la mayoría de los países del mundo y, por supuesto, México forma parte de esa lista desde 1947 para elecciones municipales y 1955 en todo tipo de elección.
Pero el derecho a ir a las urnas —lo que se conoce en el ámbito electoral como “voto activo”— es solo una parte de la participación política, pues en realidad, el derecho político al voto que consagra nuestra Constitución en favor de todas y todos los mexicanos tiene también otra faceta: el “voto pasivo”, en el cual radica la posibilidad de ser votado. Por eso siempre es común escuchar las palabras: “votar y ser votado” consecutivamente como si de un mismo concepto se tratara, pues son dos caras de la misma moneda.
En el presente siglo XXI, el voto pasivo de las mujeres -es decir, la posibilidad de ser electas- se ha convertido en una tendencia mundial que está en constante progresión. De acuerdo con estadísticas de ONU Mujeres, 28 mujeres sirven actualmente como jefas de Estado o de gobierno en el mundo. Además, a esa lista habría que añadir nombres que probablemente le sonarán muy conocidos pero que ya no ejercen el cargo como Ángela Merkel, Cristina Fernández de Kirchner, Michelle Bachelet, Dilma Rousseff o Sanna Marin, entre muchos otros. Asimismo, hay una tendencia mundial de cada vez mayor número de mujeres en los órganos legislativos y gobiernos locales.
En nuestro país, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha jugado un papel crucial para asegurar que las mujeres puedan acceder a cargos públicos relevantes. Tan solo en el pasado proceso electoral 2021, el Tribunal ordenó que se postularan 7 mujeres para una gubernatura -de las 15 que estaban en juego [Sentencia SUP-RAP-116/2020] ; este año serán 5 de 9 [Sentencia SUP-RAP-327/2023]. En otra sentencia importante, se asignó una diputación plurinominal a una fórmula de mujeres para asegurar que finalmente y, por primera vez en la historia, la Cámara de Diputados tuviera el mismo número de integrantes mujeres que hombres -250 hombres y 250 mujeres [Sentencia SUP-REC-1414/2021]-. Actualmente, ONU Mujeres reconoce a México como uno de los países que han alcanzado la llamada paridad total en su órgano legislativo nacional en buena parte debido a esa segunda sentencia.
Sin embargo, el reto que enfrentan las mujeres que incursionan en política no es solo para acceder a los cargos, también para ejercerlos libres de violencia. La erradicación de la llamada Violencia Política de Género (VPG), que es la que se ejerce en contra de una mujer dedicada a la política por el solo hecho de ser mujer, es sin duda una de las tareas pendientes para la consolidación de nuestra democracia.
La VPG es excluir a una regidora —o mujer que ostente cualquier otro cargo— de las sesiones de su ayuntamiento por ser mujer; es negarle el pago de su remuneración o darle menos que a sus pares varones; es asumir que detrás de sus decisiones deben existir hombres que la guíen o controlen; es sexualizarla, objetivarla o criticar su físico y no su capacidad para desempeñar el cargo al que se postula o que ya obtuvo. Casos como estos continúan llegando al Tribunal con, cada vez, mayor frecuencia.
Esta situación llevó a dictar dos sentencias históricas en 2021: anular por primera vez unas elecciones por haberse probado actos sistemáticos de VPG en contra de las candidatas a la presidencia municipal [Caso Iliatenco (SUP-REC-1861/2021) y Caso Atlautla (SUP-REC-2214/2021)]. Lo anterior no es menor, pues anular una elección es la mayor sanción que puede haber en materia electoral. Es la pena de muerte electoral, por decirlo de alguna manera.
Ahora bien, en la época actual, marcada por la ciberdemocracia o democracia digital promovida por las redes sociales, las autoridades electorales hemos observado un fenómeno cada vez más extendido: esa violencia de género que se daba cara a cara ahora tiene lugar en el espacio digital, propagándose a toda velocidad y al amparo del anonimato, lo que dificulta dar con los responsables y detener el efecto pernicioso en la imagen pública de las mujeres políticas. Es violencia que solo cambia de formato para convertirse en Ciberviolencia Política de Género.
Y dicho fenómeno se ha agudizado con la expansión de la llamada Inteligencia Artificial generativa que es capaz de imitar voces y crear videos e imágenes en apariencia completamente reales para el ojo u oído humanos, la cual está siendo usada cada vez con mayor frecuencia en las campañas políticas con la única intención de desprestigiar y violentar contrincantes. En Estados Unidos esta tecnología de punta ha sido usada por un legislador para satirizar en un video de anime a una compañera suya, degollándola y, en otro caso, para que un grupo de anónimos ponga palabras en boca de una senadora que ella nunca dijo en contra de los votantes republicanos.
De cara a los comicios de este año, el Tribunal Electoral deberá afrontar en un futuro cercano los retos que la tecnología impone, para lo cual, será fundamental el avance de nuestra jurisprudencia, así como la modernización de la justicia, adaptando la Inteligencia Artificial a la función electoral para continuar con nuestra política judicial de cero tolerancia a la violencia.
Magistrado de la Sala Superior del TEPJF.
@FFuentesBarrera
