La elección de 2021 será un referente para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), una vez más sea el órgano encargado de resolver con un enfoque de constitucionalismo de los derechos, las controversias que en materia electoral llegaran a presentarse.
Esta directriz institucional del Tribunal se ha ido consolidando desde su inicio, donde la pauta fundamental de sus resoluciones se basó en el garantísmo electoral y la progresividad de los derechos humanos. Posteriormente profundizó en la protección de los derechos de las comunidades indígenas y, de manera reiterada, en los derechos de género y la paridad que, justamente la elección de 2021 será uno de los rubros que deberá vigilar el Tribunal.
Es así, como el Tribunal en ejercicio de sus atribuciones ha desarrollado una robusta jurisprudencia en materia de protección a los derechos humanos de la ciudadanía. Por ejemplo, siguiendo el rumbo de la progresividad ha emitido diversas resoluciones que protegen otros grupos considerados vulnerables que buscan la protección de los derechos de la niñez, los adolescentes y de los adultos mayores, de las personas migrantes, de los miembros de la comunidad LGBT+, de las personas en situación de cárcel, o bien, en situación de calle, así como de personas que viven con alguna discapacidad física, visual, intelectual o auditiva.
De igual forma, el Tribunal ha emitido una abundante jurisprudencia en materia de libertad de expresión dotando a quienes ejercen la profesión del periodismo de una especie de manto protector sobre la licitud de su actividad por considerarse indispensable para una democracia como la que ostentamos en nuestro país. Lo mismo ha hecho con el derecho de réplica y con el acceso a la información pública.
También, los grupos vulnerables que ha protegido de forma enfática son los que pertenecen a las comunidades indígenas en donde, entre otros aspectos, ha desempeñado un papel destacado mediante una serie de sentencias que le han permitido una efectiva protección de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, en particular, en relación a su desarrollo político al autogobierno, frente al poder de los partidos políticos y las instituciones locales.
La jurisprudencia del Tribunal Electoral defiende los derechos políticos de las mujeres y su acceso a la vida pública. Algunas de sus sentencias han abordado temas relacionados con el reconocimiento a la igualdad entre el hombre y la mujer; oportunidades para acceder a cargos en un órgano electoral; aplicación de acciones afirmativas, violencia política en razón de género, entre otras.
Finalmente, el Tribunal se ha pronunciado por la defensa de los derechos humanos en casos que involucran la protección a los mexicanos por naturalización y con doble nacionalidad, los derechos de asociación, reunión y de afiliación.
Consecuentemente, el TEPJF ha utilizado el control de constitucionalidad como uno de los mecanismos de resolución de controversias por estar justamente más ligado a la protección de derechos humanos. Este enfoque le permite al Tribunal velar por la protección y el cumplimiento de los derechos humanos, así como observar que se ejecuten las obligaciones en el ciclo del ejercicio de las políticas públicas y, de no hacerlo, se les sancione y se resarza a los titulares de los derechos trasgredidos.
En razón de lo anterior, puedo afirmar que el significado de las sentencias de este órgano garante, tienen una línea jurisprudencial basada en la justicia inclusiva lo que ha generado confianza en la población.
Por ello, también puedo manifestar que este Tribunal Electoral se encuentra listo, capacitado y motivado para enfrentar con éxito el proceso electoral 2020-2021, mirando siempre un enfoque de protección a los derechos humanos.
Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Twitter: @FFuentesBarrera