Recibe una multa de manos de un policía por ir a exceso de velocidad, pasarse un alto o estacionarse en lugar prohibido; tiene diferencias con su inquilino por no pagarle varios meses de renta de un departamento o un local comercial; recibe usted un objeto defectuoso que compró y la tienda se niega a darle un reembolso. En otros casos más severos, su aseguradora puede negarse a cubrir un tratamiento médico que necesita o se le puede imputar un delito.
Es probable, estimado lector o lectora, que alguno de estos casos se los imaginara, sin embargo, estoy seguro que, al menos uno, tiene en su memoria, pues todos hemos vivido alguno de esos escenarios. Como ciudadanos, tenemos claro que el poder judicial resuelve conflictos y aplica la ley. Algunos deben solucionarse en las cortes supremas por su importancia, complejidad o su carácter inédito, pero poco nos detenemos a pensar en el impacto que tiene el mallete en la vida del país —el ¿Qué?, el mazo que sostienen los jueces— al resolver esos casos que conforman la llamada justicia cotidiana que se encarga de los problemas que más aquejan a la ciudadanía, como esos que comenté.
Y esto no es una cuestión menor. El primer y más importante impacto que tienen los poderes judiciales en la vida de un país es contribuir a la justicia social. Este concepto que pareciera retórico en realidad tiene mucho de práctico. Me explico. Los tribunales buscan impartir justicia, lo que significa darle a cada quien lo que le corresponde como lo dijo el juriscosulto romano Ulpiano, pero como sabemos muchas veces la sociedad tiene desequilibrios y desigualdades que pueden dificultar el desarrollo de algunos grupos, cayendo en el riesgo de perpetuar su marginación.
Los tribunales pueden fomentar la equidad con sus sentencias, aligerando muchas de las desigualdades y deudas históricas patentes en una sociedad. Hoy México tiene una Cámara de Diputados federal y congresos locales conformados por la
mitad de hombres y la mitad de mujeres; también tiene actualmente 9 mujeres gobernadoras -número nunca antes visto-; 21 distritos federales reservados a las personas indígenas; se ha garantizado la representación de los mexicanos en el extranjero con “diputaciones migrantes” y se han abierto espacios en la política para las personas con discapacidad y de la comunidad LGBTQ con las cuotas arcoíris.
Todo esto, déjeme comentarle, se ha logrado con sentencias de los tribunales electorales y responde a la necesidad de darle a cada quien su lugar por el hecho de existir y ser parte de la sociedad. Es justicia social aplicada.
La justicia social alentada por los tribunales conlleva a un segundo gran impacto: estabilidad y paz. Históricamente, los peores conflictos al interior de una sociedad han surgido de la permanente marginación, la desigualdad invisibilizada y la indiferencia del Estado ante las demandas sociales. Los tribunales son el cauce de las demandas de la ciudadanía y su trabajo diario despresuriza a la sociedad. La justicia y la paz van de la mano porque la justicia es razón y no violencia.
El tercer impacto: esa estabilidad y paz que propicia el poder judicial es la base para el desarrollo del país en todos sentidos: económico, político y social. Al aplicar la ley y evitar la arbitrariedad, los tribunales hacen de su país un lugar atractivo para invertir, lo que genera mayores empleos que a su vez implican un aumento de ingresos para las familias e impuestos para el Estado. Hay varios estudios que prueban esto1. Por último, y no menos importante, el poder judicial es el encargado de proteger las libertades básicas de los ciudadanos frente a cualquier abuso de los poderosos.
Fuentes de justicia social, diques de estabilidad, promotores de desarrollo y guardianes de las libertades. Eso hacen los poderes judiciales por sus sociedades. Bueno, debo aclarar, no cualquier poder judicial; solo aquellos que son imparciales,
humanistas, independientes, materialmente robustos para atender las demandas que interpongan los ciudadanos de manera pronta y completa, y que buscan revitalizar la intervención ciudadana en los procesos de las decisiones socialmente relevantes.2 Por eso, en el interés de todas y todos está conservar y velar por un poder judicial fuerte que sea capaz de dar resultados y construir un mejor futuro.