La fiscalización de todo el dinero en las campañas se hace en “tiempo real”, es decir, los partidos deben reportar al INE en el plazo de 3 días todos los ingresos y gastos que van teniendo en esta etapa para comprobar el uso de los recursos públicos que reciben de las y los mexicanos. Además, tienen que entregar un informe de ingresos y gastos cada mes —la campaña federal durará 3 meses, por lo que deberán entregar 3 informes; en los estados la duración de la campaña es variable—.
La totalidad de esa información y los informes mensuales llegan a un área del INE conocida como la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), la cual deberá revisar todas las operaciones informadas y, si encuentra alguna deficiencia, realizará un “oficio de errores y omisiones” para que los partidos hagan las aclaraciones necesarias.
Luego de la revisión, la UTF elabora un “dictamen consolidado” en el que especifica todos los hallazgos e irregularidades encontrados durante el proceso de revisión y hace una propuesta de resolución determinando las posibles multas que recibirán los partidos por cada una de las irregularidades. El dictamen y la resolución deben ser aprobados por la Comisión de Fiscalización —formada por 5 consejeros— y, sucedido eso, se presentan al Consejo General —donde están los 11 consejeros del INE— para que convaliden o rechacen las multas.
Todo este sistema de fiscalización tiene tiempos muy precisos: una vez entregada la información, la UTF tiene que revisarla y enviará el oficio de errores y omisiones en el plazo de 11 días naturales. Los partidos deberán contestar en los siguientes 5 días —en cada uno de los 3 informes—. Pasado el tercer informe, la UTF tendrá un plazo de 15 días para hacer el dictamen consolidado y la propuesta de resolución. La Comisión de Fiscalización tendrá 7 días para aprobarlo y 3 para presentarlo al Consejo General, quien deberá resolver definitivamente en un plazo de 7 días. Todo este proceso debe concluir a más tardar el 18 de julio (Anexo 3 del acuerdo INE/CG502/2023).
¿Por qué es importante que la fiscalización sea ágil y en tiempo real? Porque las irregularidades en materia de fiscalización pueden tener consecuencias que impacten en las elecciones que están en curso: el INE puede negar o cancelar candidaturas si hay violaciones graves, puede multar a los partidos o, incluso, se puede anular una elección si se rebasa el tope de gastos de campaña.
Ante la multa o la cancelación de registro los partidos o candidatos pueden acudir al Tribunal Electoral a presentar una demanda. En esos casos, el Tribunal revisa las pruebas en el expediente y determina si confirma, modifica o revoca esas sanciones.
Ahora, si el INE determina que hubo un rebase de tope de gastos, el Tribunal Electoral es quien debe decidir directamente si anula la elección, tomando en cuenta si el rebase fue determinante para el resultado. La determinancia será tema para una entrega futura.
Todos los partidos, coaliciones y candidatos deben estar atentos a los tiempos y formas para cumplir sus obligaciones en materia de fiscalización. Este 2024, el Tribunal seguirá velando por el respeto al modelo de fiscalización, pues de él dependen las elecciones justas y el correcto uso del dinero de las y los mexicanos.
