“En asuntos de políticas públicas, es mejor estar más o menos en lo cierto que exactamente equivocado” (John Maynard Keynes).
En el espacioso ámbito de las contradicciones de las políticas en curso, de un lado tenemos la extraña persecución que realiza el Banxico de la tasa de referencia de la Fed estadounidense, con un propósito más cercano a la estabilidad cambiaria que a la de precios y entrometiéndose en un ámbito que, por ley, no le corresponde. La conservación de tenedores extranjeros de bonos nacionales tiene el nombre menos rimbombante de premio a la especulación.
De otro lado aparece una segunda versión del Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (Apecic), que procura reducir en 8 % el costo de 24 bienes de la canasta básica mediante el compromiso de diversos productores e intermediarios de congelar los precios correspondientes hasta febrero del próximo año. Simultáneamente, el Apecic suspende las exportaciones de algunos alimentos básicos (atún, frijol) y de insumos para el empaquetado. La contraparte del gobierno recibe el beneficio suplementario de la suspensión arancelaria de sus importaciones y la de algunos requerimientos sanitarios.
En este último caso, estamos frente a un buen propósito al que se camina por malos medios; en algunos de los presumibles países de origen de esas compras, en la subregión latinoamericana, ha sido visible, hasta fechas muy cercanas, una gran laxitud en las normas de sanidad que aquí llevan décadas de vigencia (la fecha de caducidad en alimentos envasados, es uno de los ejemplos). Es un avance que la autoridad hacendaria reconozca el carácter estructural, de inelasticidad de la oferta, que origina la inflación en curso; y es una desgracia que, sometido a los designios del Sistema de la Reserva Federal, el Banco de México nos acerque a una recesión doméstica antes de la llegada de los efectos de la de los EUA.
La desregulación de las importaciones, por más apremiante que sea el combate a la inflación, puede convertir en altamente costosa la licencia con la que se obvian requerimientos sanitarios que se han establecido en protección de la población. Con abusos ya documentados por los que –en numerosos productos primarios- hay más de un 300 % de sobre precio al consumidor, en relación al del productor, confiar en los intermediarios es tan riesgoso como ingenuo.
Para rematar el tema, hace mutis la Tía Taty en medio de la tormenta que promete ser estanflacionaria, cuando hay gran opacidad en las pláticas entre las representaciones de Estados Unidos y Canadá (por orden de reclamación) con la de México, por el candente tema eléctrico, y cuando las mil y una tareas del ejército parecen acercarse hasta la mismísima Comisión Nacional de Derechos Humanos o a la organización del siguiente mundial de Futbol.
De otro lado aparece una segunda versión del Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (Apecic), que procura reducir en 8 % el costo de 24 bienes de la canasta básica mediante el compromiso de diversos productores e intermediarios de congelar los precios correspondientes hasta febrero del próximo año. Simultáneamente, el Apecic suspende las exportaciones de algunos alimentos básicos (atún, frijol) y de insumos para el empaquetado. La contraparte del gobierno recibe el beneficio suplementario de la suspensión arancelaria de sus importaciones y la de algunos requerimientos sanitarios.
En este último caso, estamos frente a un buen propósito al que se camina por malos medios; en algunos de los presumibles países de origen de esas compras, en la subregión latinoamericana, ha sido visible, hasta fechas muy cercanas, una gran laxitud en las normas de sanidad que aquí llevan décadas de vigencia (la fecha de caducidad en alimentos envasados, es uno de los ejemplos). Es un avance que la autoridad hacendaria reconozca el carácter estructural, de inelasticidad de la oferta, que origina la inflación en curso; y es una desgracia que, sometido a los designios del Sistema de la Reserva Federal, el Banco de México nos acerque a una recesión doméstica antes de la llegada de los efectos de la de los EUA.
La desregulación de las importaciones, por más apremiante que sea el combate a la inflación, puede convertir en altamente costosa la licencia con la que se obvian requerimientos sanitarios que se han establecido en protección de la población. Con abusos ya documentados por los que –en numerosos productos primarios- hay más de un 300 % de sobre precio al consumidor, en relación al del productor, confiar en los intermediarios es tan riesgoso como ingenuo.
Para rematar el tema, hace mutis la Tía Taty en medio de la tormenta que promete ser estanflacionaria, cuando hay gran opacidad en las pláticas entre las representaciones de Estados Unidos y Canadá (por orden de reclamación) con la de México, por el candente tema eléctrico, y cuando las mil y una tareas del ejército parecen acercarse hasta la mismísima Comisión Nacional de Derechos Humanos o a la organización del siguiente mundial de Futbol.
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Profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM, México, fjnovelo@correo.xoc.uam.mx).