En anteriores entregas hemos repasado algunas de las perspectivas que hay que considerar para lograr una Gestión Pública más Justa y Equitativa (#GPJE, #FPM por sus siglas en inglés, #FairPublicManagement). Implementar la #GPJE significa multiplicar la calidad y la cantidad de los bienes y servicios que las inversiones públicas ponen a disposición de nuestras sociedades.
Consideramos hoy otro aspecto de la #GPJE: la necesidad de un sector público sólido como condición para optimizar el funcionamiento de las relaciones público–privadas a través de un sistema de incentivos que permita alinear el interés privado y público. El interés principal del sector privado es generar utilidades de manera sostenible en el tiempo que les permita premiar el riesgo que se aceptó. El sector privado busca utilidades con tasas de retorno superiores a las tasas de interés que ofrecen colocaciones alternativas de su capital, que resulten —o se perciban— como menos riesgosas. En cambio, el interés principal de la colectividad es obtener la mayor tasa de retorno de la inversión pública realizada, en términos de calidad, cobertura de los servicios y uso de los bienes públicos.
Para que ambos intereses se alineen convenientemente para todos, es necesario trabajar para que el sistema público-privado funcione de manera virtuosa. A título de ejemplo: tener éxito en la implementación de un proyecto debe resultar relevante para el crecimiento y la expansión de una empresa y ello puede incentivarse a través de su consideración como una ventaja a la hora de competir con otras empresas para ejecutar un proyecto. Asimismo, si para maximizar la utilidad en el corto plazo, una empresa no reinvierte parte de sus ingresos en su estructura organizativa, tecnología o en su personal, le será más difícil tener un adecuado nivel de competitividad, ya que al quedarse atrás no firmará nuevos contratos, puesto que estos serán asignados a empresas con mejores condiciones.
Sin embargo, para que ello ocurra de esa manera, es imprescindible que el propio sector público funcione de manera virtuosa. A veces no ocurre así y el funcionamiento se torna vicioso, dando origen a la corrupción. Esto ocurre por ejemplo cuando un comité de licitación no considera debidamente las experiencias previas o las condiciones ofrecidas por diversos competidores y no escoge al más conveniente, ello suele ocurrir por cuatro razones principales. Tres de ellas se centran en los funcionarios públicos, que pueden mostrar impericia, negligencia o bien pueden tener deseo de participar en un diseño criminal que le provea ilegalmente ventajas personales. La cuarta razón es el funcionamiento inadecuado de los procesos gestionados por el sector público, a menudo por carencias de diseño en sus marcos normativos.
Para promover una verdadera #GPJE es necesario trabajar para que el sector público asegure la mejora continua de las capacidades personales y profesionales, el compromiso ético de su personal y que establezca sistemas de incentivo que faciliten la alineación del interés personal de las y los empleados públicos con los resultados que su trabajo brinda a la colectividad. Asimismo, es imperativo modernizar los procesos gestionados por el sector público a partir de reformas normativas que los vuelvan más eficaces, eficientes, dinámicos y orientados a garantizar los resultados, superando la actual concepción burocrática estática.
En las próximas entregas me propongo reflexionar sobre estos temas, incluyendo aspectos controversiales, tales como: la carrera de los servidores públicos, sus salarios y otras condiciones laborales en comparación con el sector privado; la afirmación de que el principio de Pareto aplica también al cumplimiento de normas burocráticas: a veces cumplirlas al pie de la letra es sumamente dañino.
