A finales de marzo, llegó otra iniciativa del Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados a la que con vergüenza republicana y preocupación nacional, advierto que López Obrador la trata, la mira y considera una oficina más de la Presidencia, y los diputados, los de su partido, son más obedientes que los alumnos de una escuela de monjas, y los de la oposición, salvo patrióticas excepciones son sumisos.
Es difícil, al menos a mí me cuesta trabajo, entender las causas por las que el presidente López Obrador envía propuestas legales en contra de la Constitución de la República que prometió cumplir cuando tomó posesión del cargo. Lo más grave es que si esas iniciativas son declaradas inconstitucionales, se tenga el desparpajo legal, para ser generosos o comedidos, o simplemente amables, se diga que habrá un plan B, C, y finalmente de todas las letras del alfabeto, para que la voluntad del Ejecutivo se cumpla.
Después de ese desaseo constitucional, le queda a nuestra Suprema Corte, decir lo que la Constitución dice y que no se puede ir en su contra, aunque se hayan ganado las elecciones con 30 millones de votos, en este gran país, no se puede legislar y actuar con la impunidad con la que en el pasado se tomaron pozos petroleros.
Me pregunto, al estar escribiendo estas líneas, si López Obrador no escucha a los abogados que están cerca, o acaso ni les pregunta, y no obstante le manifiesten que sus ideas están equivocadas, insiste en ellas.
Son equivocaciones que dañan seriamente a México. De ellas hay muchas, desde el ferrocarril destructor del sureste, hasta la refinaría acuática de Tabasco, que más de dos bocas es de dos manantiales, porque se inunda cuando llueve, o el destructor turístico del aeropuerto de Santa Lucía, por cierto la repetición del término destructor, lo he hecho por el libro de Pablo Hiriart que lleva ese nombre y que es muy útil sea conocido.
A la iniciativa que me referí al comenzar este artículo, es la que pretende modificar, obviamente “sin quitarle una coma” más de 23 leyes en materia administrativa.
Estas modificaciones de ser aprobadas vendrán a enriquecer el clima de desconfianza que existe de los capitales extranjeros que miran a esta administración como la que más ha lastimado el Estado de Derecho.
La incertidumbre jurídica tendría campo fértil con estas modificaciones con las que se atenta contra los intereses de las empresas que participen en la construcción de obras públicas, porque en cualquier momento, por “causas de interés público”, podrán ser clausuradas sin recibir indemnización alguna.
En esa iniciativa, también se establece que el Gobierno pueda decidir, unilateralmente, “revisar, modificar, nulificar y revocar actos administrativos que no respondan al interés general o que quebranten las leyes en beneficio de intereses privados”.
De la misma manera se pretende concentrar en la Secretaría de la Función Pública la facultad de realizar las compras y adquisiciones de forma consolidada, vía las Unidades de Administración y Finanzas; y eliminar las licitaciones públicas.
En esta reforma se plantea que en el caso de que los contratos sean cancelados por el gobierno, no existe obligación de indemnizar a las empresas privadas. El Estado soy yo de Luis XIV, tiene a un distinguido discípulo que siglos después de haber muerto, nació en Tabasco.
A nuestra Suprema Corte le está reservada una vez más, el señorial papel de hacer respetar la ley. La institucionalidad y respetable majestuosidad del Derecho, están con usted Ministra Presidenta.
